“Debemos alejarnos de reacciones viscerales y cortoplacistas y pensar en la viabilidad de una empresa histórica de Álava, que ha sido y queremos que siga siendo motor de la actividad y el empleo industrial de Aiaraldea”, manifestó ayer el diputado general de Álava, Ramiro González.
El diputado general consideró prioritario “buscar soluciones ante el elevado nivel de deuda” e hizo un llamamiento a “los principales acreedores y socios financieros” para que se sumen a un acuerdo orientado a asegurar la viabilidad de la empresa y “garantizar el futuro de sus trabajadores”.
González recordó asimismo que el ERE afecta a una comarca inmersa en “un proceso de reindustrialización lento y complejo” y supone “un golpe a una comarca que lo está pasando mal”.
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, insistió en que para que “el plan de viabilidad sea sólido, Tubos Reunidos necesita reestructurar su creciente deuda con el apoyo de todos”, ratificando el compromiso del Gobierno Vasco con “la colaboración público-privada”: “Apoyaremos un proyecto industrial sólido de futuro”.
“Es un momento difícil para todos”, subrayó, trasladando su “apoyo a los trabajadores y sus familias”. “Es el primer gran ERE a la industria vasca de la era Trump”, afirmó el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, quien reclamó salidas negociadas, voluntarias y no traumáticas.
El secretario general del PSE-EE alavés, Javier Hurtado, subrayó que “la prioridad absoluta debe ser proteger el empleo y garantizar una salida negociada, no traumática y con todas las garantías legales”. El viernes, el comité de empresa se reunirá con representantes del Gobierno Vasco y de la Diputación alavesa.
