ELA y LAB ha convocado 8 jornadas de huelga en octubre, noviembre y diciembre en las residencias de mayores privadas y viviendas comunitarias de Álava para reclamar la firma del primer convenio provincial y denunciar las condiciones laborales "precarias" de las trabajadoras de estos servicios contratados por la Diputación.

En una rueda de prensa ambos sindicatos han informado este miércoles de que las huelgas serán los días 3 y 4 de octubre, 8, 9 y 10 de noviembre y 12, 13 y 14 de diciembre.

Responsables de ambas centrales han hecho hincapié en que las trabajadoras "están más que hartas de sufrir condiciones laborales tan precarias, de hacer multitarea, de que no sustituyan las bajas, de que las empresas sigan haciendo de los cuidados un negocio y de la inacción de la Diputación" que, según han denunciado, permite a estas empresas "lucrarse a costa de las trabajadoras y de los usuarios".

Condiciones dignas

Por ello, han reclamado a las patronales que se formalice ya el primer convenio provincial en el que se garanticen unas condiciones laborales "dignas" y les ha acusado de no hacerlo "excusándose en que no hay dinero cuando sus beneficios se multiplican".

"No paran de abrir continuamente residencias privadas y la Diputación apuesta por la privatización de los cuidados, adornando los números de plazas públicas mediante la concertación", ha criticado.

Ante el "bloqueo" de las patronales de la mesa negociadora desde el pasado 15 de marzo, ELA y LAB llaman a las trabajadoras a sumarse a las 8 jornadas de paro y recuerdan que ambos sindicatos son también convocantes de la huelga feminista del 30 de noviembre, que se centrará en los cuidados.

Sector feminizado

"Reivindicamos una vez más la urgencia de la negociación de este convenio de un sector feminizado, esencial, en el que estas mujeres trabajan sosteniendo la vida de las personas mayores", han insistido los dos sindicatos, que han acusado a la Diputación y al diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, de no mediar en la mejora de las condiciones de las trabajadoras y de "anteponer los beneficios de las empresas a la salud de las trabajadoras y los usuarias".