Cuentan que, en la década de los 60 del siglo XX, en Vitoria-Gasteiz existía una cárcel de la que decían era la única a la que los gitanos iban voluntariamente. Pero antes de abordar este aspecto anecdótico es necesario conocer brevemente la historia de las prisiones en la capital alavesa.
Durante siglos, las autoridades civiles y eclesiásticas contaron con mazmorras en las que los presos eran abandonados a su suerte, al más puro estilo de las películas medievales de Hollywood. Se conoce la ubicación de algunas de ellas, entre las que cabe destacar la que se encontraba junto a la iglesia de San Vicente, o la que se supone estuvo en los sótanos del Palacio de Villa Suso.
Desde el siglo XVIII la sociedad venía reclamando una reforma del sistema carcelario con el que, no solo se solucionaran los problemas higiénico-sanitarios de los prisioneros, sino también los de su custodia. Las constantes fugas de un bandolero llamado Temiño, y las habituales reyertas entre los presos, que acabaron en más de una ocasión con la muerte de alguno de ellos, pusieron en tela de juicio las medidas de seguridad carcelaria. Ello propició que, en 1858, el arquitecto Martín de Saracíbar construyera la primera Cárcel Celular de España en el terreno de lo que actualmente es la calle Paz.
Dicha prisión fue durante muchísimos años un modelo a seguir por el resto de las provincias de la península pero, inevitablemente, la expansión de la ciudad acabó por rodearla, creando un problema urbanístico al que había que dar solución. La decisión del derribo de la prisión, así como del cuartel de Artillería y los antiguos laboratorios químicos municipales, permitirían la prolongación de la calle Postas hasta la de Los Herrán, y la edificación de viviendas en tan céntrica ubicación.
En 1948, el alcalde, don Luis Saracho, llegó a un acuerdo con la dirección general de Prisiones por el que el Ayuntamiento cedía unos terrenos para “la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario, que cuente con el recato e intimidad que debe caracterizar a un establecimiento de esta naturaleza”.
Se barajaron diversas posibilidades de ubicación, entre las que encontraban las inmediaciones del cementerio de Santa Isabel o los cercanos pueblos de Gamarra y Betoño, pero finalmente se optó por unas fincas comunales en el Campo de los Palacios. Para completar los 15.000 metros cuadrados necesarios, se produjo una expropiación forzosa de las parcelas particulares de los terrenos conocidos como Villasacón y el Hoyo, aunque, al finalizar el proyecto, el área que se cedió gratuitamente al Estado superó los 29.000 metros cuadrados.
Pero no acabó ahí el desembolso municipal, ya que dentro del convenio, se acordó también que la ciudad abonaría el 20% del presupuesto y que se haría cargo de la adecuación de la zona, incluida la instalación de una red para el suministro de agua, luz, teléfono y alcantarillado.
No todos los vitorianos estaban conformes con tal decisión. Como muestra, mencionar que, en 1949, el arquitecto vitoriano Julián Apraiz envió un escrito al Ayuntamiento en el que advertía que el emplazamiento elegido pronto sería demasiado céntrico, y que no era acorde a otros proyectos de la zona, como la construcción de un hipódromo o una ciudad deportiva. El Consistorio agradeció su interés pero desestimó el estudio, por lo que los muros de la nueva cárcel continuaron elevándose.
Sin embargo, pronto se paralizaron las obras al declararse en concurso de acreedores el contratista ejecutor. Los trámites burocráticos y judiciales nos llevan hasta el año 1955, cuando, finalmente, el Tribunal Supremo dictó sentencia al respecto, aunque, para entonces, las inclemencias climatológicas habían hecho mella en la estructura a medio edificar, y las filtraciones y humedades habían dejado el edificio en estado ruinoso. No obstante, diversas familias gitanas habían comenzado a establecerse al abrigo de aquellas paredes y de ahí la anécdota con la que iniciaba este artículo.
Pese a que aquél fue el primer uso verdadero que se le daba a un establecimiento en el que se habían gastado cantidades ingentes de dinero y esfuerzo, el riesgo de hundimiento era acuciante, por lo que se les trasladó a un poblado experimental en Lakua llamado Gao Lacho Drom (Pueblo en el buen camino, en romaní) que contaba con 50 viviendas repartidas en 25 edificios, además de varios servicios como guardería, escuela, comedor escolar o frontón.
Más de 20 millones de pesetas
El presupuesto final de la construcción de la cárcel había superado ya los 20.000.000 de pesetas, pero aun había que añadirles otras 570.000 pesetas más, que costó el derribo de aquella prisión inacabada, en cuyo solar se acabaría por levantar un polideportivo. En cuanto a los presos que se encontraban en la prisión de la calle La Paz, finalmente, se optó por su traslado, en un principio de forma provisional, a la cárcel de Nanclares de la Oca. Había pasado más de un cuarto de siglo, pero, finalmente, el 15 de octubre de 1976, abrió las puertas en aquellos terrenos Galerías Preciados, conformando la estampa actual de una de las calles más populares de nuestra ciudad.correo@juliocorral.net
