El colectivo anticorrupción Adi ha convocado una concentración para el 11 de abril con motivo del juicio que celebrará ese día el Tribunal de Cuentas del Estado contra el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato público con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado.
VITORIA. La protesta se celebrará en Vitoria, precisamente ante los locales que el Consistorio de la capital alavesa, con Alonso como alcalde y Maroto como concejal de Hacienda, firmó en 2007 con el empresario Gonzalo Antón, según ha informado este martes Adi en un comunicado.
La fecha del 11 de abril fue fijada por el Tribunal de Cuentas del Estado en una audiencia previa celebrada el pasado mes de febrero, en la que la que la Fiscalía renunció a formular demanda en el procedimiento. No obstante, dado que el resto de partes demandantes (el Ayuntamiento de Vitoria, el PNV y el PSE-EE) se ratificaron en sus argumentos, el tribunal decidió seguir adelante con el proceso.
El órgano fiscalizador investiga el presunto "perjuicio" a las arcas públicas causado por Alonso y Maroto, así como por otros concejales, por la firma de un contrato de alquiler a un precio considerado muy superior al de mercado.
CASI OCHO MILLONESEl contrato, firmado en 2007 por el Gobierno municipal, en el que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.
El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros. Además, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.
El Tribunal de Cuentas ya ha impuesto una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas.
El órgano fiscalizador celebrará un juicio el 11 de abril, a las once de la mañana, para determinar la posible "responsabilidad contable" de los demandados por este asunto. La concentración de Adi en Vitoria ha sido convocada para las siete de la tarde de ese mismo día.
