agurain - La villa cede el paso al peatón en el casco histórico con la puesta en marcha ayer del sistema de control de accesos a la parte antigua, por lo que sólo pueden entrar los vehículos autorizados. Agurain sigue así el ejemplo de otros municipios como Vitoria con el fin de comprometerse con el cambio de movilidad urbana y mejorar el tráfico en las calles dando mayor presencia a los viandantes. La medida, sin embargo, ya ha generado las primeras protestas y críticas de residentes y comerciantes.

El gobierno de EH Bildu ha sido consciente desde el inicio de su gestión de la necesidad de limitar los accesos y la circulación en el casco histórico, dada su especial configuración. Ayer, tras muchas reuniones y un minucioso estudio de alegaciones puso en marcha el nuevo sistema, que se basa en el control de los coches, la peatonalización de Portal del Rey, plaza San Juan y calle Mayor y la sustitución del sistema de bolardos por otro de identificación de las matrículas por cámaras. "Estarán autorizados los vehículos cuyos solicitantes hubieran recibido la notificación pertinente, previa solicitud", explicó el Ayuntamiento. Además, queda prohibida la circulación entre los números 1 y 72 de la calle Mayor, de lunes a sábado a partir de las 13.00 horas y los domingos y festivos todo el día.

Inicialmente el Consistorio establecerá un período de regularización del sistema, por lo que quienes incumplan la ordenanza reguladora "serán informados, de carácter excepcional y por una sola vez, de la infracción", señalaron. El equipo de gobierno es consciente de que la implantación de la ordenanza supone un cambio de hábitos que, a la larga, será beneficioso, pues conlleva aspectos saludables, como usar menos el coche, disminuir la contaminación o disponer de un entorno urbano más agradable. No obstante, existirá un periodo de adaptación en el que será preciso flexibilizar la aplicación de la normativa. El control de acceso se hará a través de cinco cámaras de videovigilancia -una en cada entrada y salida y dos más en la calle Mayor- que grabarán única y exclusivamente las matrículas de los vehículos que entren al casco Histórico, un desembolso de 129.600 euros durante cuatro años, 2.700 al mes, pero con el mantenimiento a cargo de la empresa.

La iniciativa no ha sido igualmente acogida por todos los vecinos y comerciantes. Vecinos como Silvia reconocen sentirse "quemados" con la iniciativa, sobre todo, porque a su juicio, "va a ser negativo para el comercio". Manolo, otro residente "ve excesiva la medida" y aboga por que los vecinos puedan entrar todas las veces que sean necesarias sin tener que justificarlo al Ayuntamiento. "Esto quitará clientes al que venga a hacer una compra grande, que optará por ir a grandes superficies", reconoce. Algunos vecinos piensan que la medida sólo tiene afán recaudatorio y no dudan en señalar que seguirán movilizándose en contra. "No es comparable un pueblo como Agurain con una ciudad. No nos oponemos a que cierren la calle a partir del viernes", apuntan. El malestar es patente en la calle donde varios residentes han colocado carteles en contra del control de acceso. Sagrario, vecina de la calle Mayor desde hace más de 40 años, reconoce que "con esto están coartando nuestra libertad de entrar y salir de casa con el coche cuando queramos".

Con el fin de que se escuche su posición, un grupo de aguraindarras y comerciantes del casco realizó una concentración de coches en la plaza de San Juan el miércoles por la tarde. Posteriormente transitaron por el resto de calles con sonoros bocinazos. "Es una manera más de mostrar nuestro desacuerdo", explica María. En cambio, María Ángeles reconoce que "aparcar a la puerta de casa o ir a comprar con el coche hasta el establecimiento es un hábito que se puede cambiar, máximo con aparcamientos a menos de tres minutos".

El Ayuntamiento apuesta por una revisión de los resultados en un plazo de seis meses o un año, período que disgusta a algunos comerciantes como Roberto. "Tiempo suficiente para acumular pérdidas y, tal y como está la situación, alguno igual tenemos que cerrar". Como medida de presión, los vecinos apuestan por hacer frente común "y no pagar las multas que nos manden a casa". Las sanciones oscilarán entre 90 y 300 euros.