- En el Estado español se realizan anualmente cerca de 100.000 abortos voluntarios y el Ministerio de Igualdad sitúa entre sus prioridades reformar la ley que los ampara, un proyecto que previsiblemente volverá a suscitar la polémica y que busca garantizar un acceso equitativo a la prestación, eliminar el consentimiento paterno y reconocer la violencia obstétrica.
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo reconoce desde 2010 el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente la gestación en las primeras 14 semanas del embarazo y está recurrida desde entonces por el PP ante el Tribunal Constitucional, aunque todavía no hay respuesta.
Cuando gobernaron, los populares no derogaron la ley, pero impulsaron una reforma que exige el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años que quieran abortar.
El departamento que dirige Irene Montero anunció el pasado octubre su intención de eliminar ese requisito y lo ha vuelto a reiterar recientemente en boca de la recién nombrada directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas. “La modificación de la ley del aborto pretende reforzar el control de las mujeres sobre su propio cuerpo y el ejercicio del derecho a decidir sobre la maternidad”, explica Morillas, que subraya como “prioritario” el devolverle a las jóvenes de 16 y 17 años la autonomía en esa decisión.
Además, la directora considera fundamental garantizar que el ejercicio de ese derecho se realice de una forma equitativa en todo el Estado a través del Sistema Nacional de Salud. “Que ninguna embarazada tenga que desplazarse a kilómetros de su residencia, pasar por procedimientos burocráticos más gravosos o recibir una asistencia o un trato deficientes”.
