En la semana en el que un auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rebatió la orden del Gobierno Vasco que impedía la apertura de establecimientos hosteleros en los municipios situados en zona roja -aquella en la que la incidencia de positivos en los últimos catorce días supera los 500 casos-, el lehendakari, Iñigo Urkullu, advirtió a las autoridades estatales de que el Gobierno Vasco estudia la posibilidad de "aprobar una ley antipandemia".

El máximo responsable del Ejecutivo de Lakua remitió el viernes una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que le solicitaba consensuar los mecanismos legales pertinentes, permitidos en el actual estado de alarma vigente en el Estado, para que cada comunidad autónoma adopte las medidas que considere oportunas contra la pandemia de covid-19 provocada por el coronavirus con todas las "garantías jurídicas".

En un artículo remitido a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, reproducido en la página 2 de esta edición, Urkullu revela que "la estrategia global del Gobierno Vasco frente a la pandemia y sus consecuencias tiene tres herramientas fundamentales que vamos a mantener. Primero, la estrategia general de garantía de la salud pública. Segundo, los Presupuestos 2021 y el Plan Berpiztu, orientado a la reactivación socioeconómica y la recuperación del empleo. Tercero, el Plan BiziBerri, enfocado a adaptar los hábitos sociales a una nueva cultura de vida que prime la convivencia y la corresponsabilidad".

Esta estrategia adoptada por el Gobierno Vasco persigue un objetivo y un reto, en palabras del lehendakari. "El objetivo a corto plazo es reducir la tasa de incidencia hasta situarla entre los 60 y 300 casos por 100.000 habitantes. El reto es reducir esta tasa por debajo de los sesenta casos", lejos de los más de 500 positivos por cada 100.000 habitantes en los que se encuentra el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca.

Sin embargo, el lehendakari se lamenta y denuncia que "en pos de este objetivo, y tras reiterar en el ámbito del Estado la necesidad y la demanda de instrumentos con garantías suficientes" para que las decisiones de su Ejecutivo no sean derogadas por los tribunales, "hemos agotado todas las herramientas jurídicas disponibles para la toma de decisiones".

Ante esta tesitura, Urkullu aboga por "una gobernanza colaborativa", para lo que "seguimos solicitando", al Gobierno central, "nuevas herramientas para actuar siempre con todas las garantías jurídicas". Si esos instrumentos no llegan a las instituciones vascas, el máximo responsable del Gobierno Vasco advierte que "s, contemplamos la alternativa de aprobar una ley vasca antipandemia".

Urkullu repasa en su artículo los diferentes estadios que el Gobierno Vasco ha ido dibujando desde que el presidente del Gobierno español decretara el estado de alarma, el 14 de marzo del año pasado, hace justo once meses. Desde entonces el Ejecutivo de Gasteiz ha ideado tres diferentes planes BiziBerri, en función de la evolución de la pandemia. El último, el tercero, "establece una estrategia de actuación hasta junio" y se basa "en las evidencias científicas que se consolidan y en las lecciones aprendidas" a lo largo de este último año.

Estas medidas son las que permiten al equipo de Gobierno "buscar, en cada decisión, el mayor equilibrio entre la prioridad de la salud pública y el objetivo de minimizar el impacto en la vida social", en palabras de su máximo responsable.

Urkullu se muestra convencido en su artículo de que "equilibrio, paciencia y constancia van a ser las claves para perseverar en el objetivo de garantizar la salud personal y el bienestar social. Este objetivo requiere la contribución de todas y cada una de las personas. Es un trabajo en equipo. Auzolana es la respuesta como sociedad para evitar el confinamiento, el colapso sanitario, el coma económico o el aumento de las brechas sociales".

El lehendakari asegura que "la situación en estos primeros meses de 2021 no es peor que la padecida durante 2020", aunque sí reconoce que "arrastramos un cansancio mayor", denominado "fatiga pandémica" en una situación que nunca habíamos vivido en este siglo. Por esta razón, Urkullu reconoce que "nos vemos obligados a limitaciones de movilidad, a posponer encuentros con seres queridos. Vemos de cerca el sufrimiento por la pérdida de algún familiar o un prolongado y doloroso ingreso hospitalario. Nuestra economía se resiente. Las empresas y negocios sufren dificultades". Sin embargo, el lehendakari evita responsabilizar a nadie de la situación presente: "Ningún sector es culpable de esta situación y todos merecen nuestro apoyo".

Y ese apoyo se refleja en que el año pasado el Gobierno Vasco articuló, según Urkullu, "fondos Covid para ayudar a las personas y familias más vulnerables, para compensar las pérdidas de sectores como la hostelería, el comercio, el turismo, la industria o la cultura. Hemos destinado recursos a complementar las ayudas a los ERTE que corresponden al Gobierno español. Hemos ampliado las dotaciones para los servicios esenciales de Salud, Educación y Protección Social. Estas ayudas han tenido reflejo en la reorientación presupuestaria de 2020 y en el Presupuesto aprobado para 2021. Todas las líneas de ayuda siguen vigentes y hemos aprobado un nuevo Fondo Covid con 540 millones de euros adicionales".

Si estas medidas no encuentran el respaldo jurídico suficiente, el Gobierno que encabeza Iñigo Urkullu estudiará la posibilidad de aprobar una ley vasca antipandemia.

"Busco el equilibrio entre la prioridad de la Salud Pública y el objetivo de minimizar el impacto en la vida social"

"Hemos agotado todas las herramientas jurídicas disponibles para la toma de decisiones"

Lehendakari