Azpiazu complica el portazo de Bildu a las Cuentas al asumir parte de sus demandas

La oferta del consejero incluye una reflexión sobre fiscalidad en las diputaciones, innovación y residencias

18.11.2021 | 01:55
El consejero Pedro Azpiazu, con la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte. Foto: Jose Mari Martínez

Sorpresa en la negociación de los Presupuestos vascos para el año que viene. El Gobierno de Iñigo Urkullu ha puesto sobre la mesa de EH Bildu una oferta más generosa de lo previsto. En la segunda reunión mantenida ayer en el marco de la ronda de contactos del consejero Pedro Azpiazu, el Ejecutivo asumió al cien por cien algunas demandas e incluso superó varias propuestas de EH Bildu en el capítulo económico. Le ofrece 162 millones, frente a los 118 que había planteado la coalición abertzale. Ha ofertado 30 millones para la estrategia de atención primaria en Osakidetza y garantizar las consultas presenciales, y plantea añadir dos millones más a las ayudas de emergencia social para que los ciudadanos más vulnerables puedan sobrellevar el coste de la luz y el suministro en general, dos demandas de la coalición abertzale que se aceptan con el importe exacto que pedía.

Además, el Gobierno Vasco asume cuatro de las seis demandas políticas de sus interlocutores. En ese punto se calcan dos demandas pactadas por la coalición en Nafarroa: el Ejecutivo se compromete a defender en el marco del diálogo social y los foros de empleo un salario mínimo proporcional a la renta media de la comunidad autónoma, y pondrá en marcha un sistema de control de precios del alquiler privado cuando la futura ley estatal lo permita. Seguir la vía navarra añade presión a EH Bildu porque, en el caso de que rechace la oferta, cargará de razones a Azpiazu cuando le recrimina que se muestre más dispuesta al acuerdo allí que en la comunidad autónoma vasca, donde el Gobierno de Urkullu cree que practica una oposición poco constructiva con el único fin de desplazar al PNV.

pelota en el tejado de bildu También habrá una ponencia para abordar la reforma fiscal en coherencia con el mandato de diciembre de 2020 del Parlamento Vasco, que insta a las diputaciones forales a analizar la situación y culminar la revisión cuando la economía se haya estabilizado. Los territorios forales son los que tienen la competencia fiscal. Estos tres puntos políticos eran vistos con mucho recelo por el Gobierno Vasco porque van más allá de lo meramente presupuestario y algunos rozan competencias forales o del Estado. De ahí la sorpresa por este movimiento, que en cualquier caso no se inmiscuye en las competencias de otras instituciones.

Quedan al margen de la propuesta la incorporación de las cooperativas en el Consejo de Administración de Lanbide y otro punto sobre el sector audiovisual, cuestiones para las que Azpiazu se remite a las leyes sectoriales al respecto. No se ha aceptado tampoco la idea de una renta básica para jóvenes entre 18 y 23 años.

Este movimiento de ficha en el tablero traslada toda la presión a EH Bildu, que hasta la fecha había culpado al Gobierno Vasco de no querer colaborar con ellos y rechazar todas sus propuestas. PNV y PSE, a pesar de su mayoría absoluta, han aceptado buena parte de sus planteamientos. Este giro súbito de guion traslada toda la presión a la coalición abertzale, que en las próximas horas tendrá en su mano decidir si abre o no abre una negociación.

Azpiazu defendió ayer que la alternativa que ha puesto sobre la mesa su equipo es "viable y realista" y se ajusta al marco competencial y económico donde se puede mover el Ejecutivo. "Queda en manos de EH Bildu decidir si de una vez por todas da el paso hacia una oposición constructiva que busque de manera efectiva potenciar políticas públicas en beneficio de la ciudadanía vasca, o si, por el contrario, se sigue manteniendo en la demagogia poco útil que no busca sino alterar la realidad de lo que esta negociación presupuestaria puede y debe abarcar", sostiene el Gobierno Vasco.

la frialdad de iriarte Azpiazu reiteró su "voluntad" de lograr "un consenso más amplio" en un contexto clave de relanzamiento económico y social. La coalición de Maddalen Iriarte se compromete a responder esta semana, pero "no ve cerca" la posibilidad de negociar y cree que los compromisos políticos quedan relegados. Sigue pensando que la propuesta de Azpiazu "no está cerca" de la suya. Cree que no está dispuesto a hablar de la fiscalidad en los términos que plantea EH Bildu.


Lakua ofrece incentivos al precio del alquiler

La oferta del consejero a Bildu se divide en dos paquetes: por un lado, ofrece 72 millones para la salud, emergencia climática, bienestar energético, inclusión social y residencias; y, por otro lado, plantea activar ya los 90 millones del fondo de sostenibilidad energética para los ayuntamientos vascos. Azpiazu ha ofrecido también un acuerdo de país para que la inversión en I+D+i en 2026 alcance el 3% del PIB, dos millones anuales para las residencias, un incremento de 18 millones para subvenciones ligadas al autoconsumo y almacenamiento, y veinte millones (diez en 2022 y otros diez en 2023) para impulsar proyectos de inclusión social. Azpiazu no ha ofrecido ninguna propuesta para integrar las cooperativas en el Consejo de Administración de Lanbide, que el consejero cree que debe abordarse en la Ley vasca de Empleo; y tampoco en el sector audiovisual. Sí habrá ponencia sobre los impuestos, y el Gobierno Vasco se compromete a plantear en el Órgano de Coordinación Tributaria un informe con incentivos y penalizaciones fiscales para contener los precios del alquiler.

La relación entre el Gobierno Vasco y EH Bildu ha estado presidida en los últimos tiempos por los recelos y la confrontación, con las únicas excepciones de la Ley de Educación o la política penitenciaria. La gestión de la pandemia ha estado marcada por un constante cuestionamiento de la gestión de Urkullu. En un giro de guion, ahora EH Bildu ve aceptadas la mayor parte de sus propuestas. La coalición abertzale había propuesto cuestiones ahora aceptadas sobre el salario mínimo y el alquiler, pero también ha planteado otras que se han rechazado como la renta básica para jóvenes de entre 18 y 23 años.

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