bilbao. "He querido que los ciudadanos supieran y tengan muy claro que el Gobierno, y yo personalmente, he autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación. Lo he autorizado personalmente, y quiero que los españoles lo sepan". Corría noviembre del año 1998 cuando José María Aznar, entonces presidente del Gobierno español y ahora azote de los socialistas por si aplican las mismas reglas de juego que él mismo puso en liza, salía a la palestra a defender el diálogo con ETA para, según dijo, "acreditar la voluntad de la organización terrorista de dar los pasos necesarios para abrir un proceso de paz mediante el cese definitivo de la violencia". Y en ese escenario, al igual que ocurre ahora, el acercamiento de los presos era una condición sine qua non para posibilitar ese nuevo horizonte. Por ello, si de algo puede presumir José María Aznar es precisamente de lo que ahora rehuye: el traslado de presos de las cárceles estatales a Euskal Herria. De hecho, la política penitenciaria aplicada entre 1996 y 2000 por el Ejecutivo Aznar posibilitó que un total de 190 presos -muchos de ellos con delitos de sangre a sus espaldas- regresaran a Euskadi para cumplir su condena sin que los asesinatos de ETA cesaran.
El ministro del Interior de la época, Jaime Mayor Oreja, aleccionaba a la oposición sobre la viabilidad de las medidas desarrolladas por el Gobierno y apostaba por asumir "sin miedo" el escenario del futuro, una posición a años luz de la que ahora predica. "Lo importante es que la política de todos tenga credibilidad, que la sociedad siga teniendo confianza, y que no se haga porque haya atentados o deje de haber atentados, y que seamos conscientes de que lo importante es ir recreando un ambiente sólido, un ambiente de fortaleza, de confianza en nosotros mismos, que asumamos sin miedo cualquier escenario de futuro", dijo.
