"Cuesta entender que en año y medio no se hayan hecho leyes para luchar contra la pandemia"

—Les ha sobrepasado una complejísima labor que es pasar a una realidad jurídica algo tan inédito como una pandemia. Pero tienen justificación: las normas que tenemos tampoco preveían un supuesto como este.

¿El hecho de que cada tribunal del mismo rango haya tomado decisiones diferentes según el lugar es una buena o una mala señal?

—Creo que es buena señal, aunque pueda parecer lo contrario. Pasa en todos los ámbitos de la Justicia y revela que no es una ciencia exacta y que los jueces son personas con diferentes criterios.

¿Podemos decir que las leyes que teníamos no servían para hacer frente a una situación como la que hemos vivido?

—La Ley de Salud Pública dice que se adoptarán cuantas medidas sean oportunas para prevenir situaciones de contagio. Ahí cabe todo y la pregunta es hasta dónde. Cuesta entender que en año y medio el legislador haya sido tan perezoso.

¿Han estado finas las diferentes autoridades sanitarias con sus cambiantes normas?

—Creo que ha faltado pedagogía social y una comunicación más empática.

¿Has visto algún indicio serio de cogobernanza?

—La verdad es que no. Llamar cogobernanza a aquellas reuniones de presidentes cuando las decisiones estaban tomadas no procede.

Si el Tribunal Constitucional acaba determinando que no hay que pagar las multas del primer estado de alarma, ¿qué lectura cabe hacer?

—Sería algo tan extemporáneo como irreal. Me parece que el declive del tribunal garantista si acaba adoptando esa medida sería supino.

Fuera de la pandemia, ¿dirías que la Justicia está politizada o que la política está judicializada?

—La Justicia está politizada desde el momento en que su órgano de gobierno lo determinan los políticos. Y la política está judicializada, aunque eso no siempre es negativo.

¿Por qué es posible adivinar el sentido de una sentencia solo con saber los integrantes del tribunal que la va a dictar?

—Porque pesa más la ideología que los criterios técnicos, lo cual es el fin de la confianza en la Justicia.

¿Qué te parece que haya jueces que opinen públicamente sobre asuntos respecto a los que deberán decidir?

—Muy poco responsable porque son antes jueces que ciudadanos y tienen que autorrestringir su libertad de expresión en beneficio de la imparcialidad.

¿Son respetables todas las sentencias?

—No. En todas cabe la crítica. Otra cosa es que deban acatarse.

¿Los indultos a los presos del 'procés' responden a razones jurídicas o a necesidades políticas?

—A lo segundo, donde entra una razón de utilidad pública que puede ser la búsqueda de la concordia.

¿Cabe en el ordenamiento jurídico español un referéndum sobre la secesión de Catalunya o Euskal Herria?

—Cabe un referéndum no vinculante en que se someta a la ciudadanía una decisión política de especial trascendencia. Eso es lo que dice el texto constitucional. Yo defiendo que sí es posible.