El abogado general de la Unión Europea ha valorado este jueves que "no existe un vínculo" directo entre los gastos del procés "y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión".
En el informe hecho público esta mañana concluye que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas y, como consecuencia, Dean Spielmann ha avalado que se pueda aplicar la amnistía a la responsabilidad contable del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros altos cargos de su Gobierno en relación con los gastos del procés.
Ley de Amnistía
Por otro lado, aunque destaca que la Ley de Amnistía no contraviene la directiva europea de lucha contra el terrorismo, el letrado ha asegurado que "algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva", según ha precisado.
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que algunas de las disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) pueden ser incompatibles con el derecho comunitario --como el plazo de dos meses para dictar si la norma es aplicable en un caso--; si bien descarta en su razonamiento que su tramitación responda a una "autoamnistía" o que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la UE.
Conclusiones y matices
La opinión del letrado europeo, que no es vinculante para el Alto Tribunal cuando dicte sentencia pero suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos, advierte además contra el levantamiento de cautelares mientras se resuelve el asunto en Luxemburgo.
El TJUE ha recibido cuestiones prejudiciales relacionadas con la aplicación de la amnistía en cuatro asuntos, pero hasta la fecha sólo se han celebrado vistas para dos de ellos, que es sobre los que se pronuncia este jueves el abogado luxemburgués Dean Spielmann.
En concreto, se refiere primero a la responsabilidad contable del expresidente de Catalunya Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y para apoyar la acción exterior del 'procés'. El segundo asunto sobre el que se pronuncia responde a la consulta remitida por la Audiencia Nacional en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) para aclarar si la aplicación de la amnistía en este caso contravendría el Derecho comunitario y garantizaría la impunidad de los delitos.
