La Comisión Europea dará recomendaciones sobre la manera de distribuir las futuras vacunas contra la COVID-19 entre la población pero serán los países los que decidirán cómo repartirlas en su territorio, dijo este lunes la directora general adjunta de Salud y Seguridad alimentaria de la CE, Sandra Gallina.
Gallina compareció ante los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria para explicar la estrategia de la Unión en materia de vacunas, incluida la situación del Acuerdo de Adquisición Anticipada de Vacunas, por el que Bruselas negocia con los fabricantes en nombre de los Estados miembros.
El pasado 27 de agosto la Comisión anunció un contrato con la empresa británica AstraZeneca para obtener las primeras dosis a finales de año. En total el contrato prevé la adquisición de al menos 300 millones de dosis.
En paralelo, Bruselas avanza también con preacuerdos de compra con las farmacéuticas Sanofi, Johnson&Johnson, Curevac y Moderna y tiene ya "casi" un acuerdo concluido con BioNTech.
La razón por la que la UE ha optado por una cartera con distintas opciones de potenciales vacunas es que no se sabe si todas van a funcionar y cuál de ellas lo hará mejor que el resto, indicó la representante de la CE, que subrayó que en la elección se ha tenido en cuenta la opinión de expertos y científicos.
Los factores que se tienen en cuenta a la hora de optar por unas u otras son el momento en que estarán disponibles, la eficacia y seguridad y el precio, que tiene que ser asequible para todos los países.
Las primeras dosis de las vacunas llegarán "a finales de este año", entre noviembre y diciembre, y aunque en un primer momento pueda haber cierta escasez, se dispondrá de "grandes cantidades" probablemente el próximo mes de abril, indicó.
El objetivo es hacerse con las cantidades que permitan que cada Estado miembro pueda hacer frente a sus necesidades, con una distribución proporcional en función de la población de cada país.
La Organización Europea de Consumidores (BEUC) pidió este lunes en una carta a la Comisión que los fabricantes respondan por los productos que desarrollan y que los acuerdos que se suscriban en el contexto de la vacuna contra la COVID, en caso de exigir cambios en la normativa aplicable, "sean limitados en su alcance y el tiempo".
La representante del Ejecutivo comunitario precisó que la normativa aplicable no ha sido modificada y que los fabricantes deberán responder si incurren en alguna infracción.
Por otra parte, Gallina insistió en la "dimensión global" del virus y en que "no vamos a tener éxito" si las vacunas no llegan a los lugares donde hagan falta.
Los contratos que se están negociando incluyen también disposiciones que permiten a los Estados miembros "la reventa y las donaciones" de dosis, añadió.
Los acuerdos con los laboratorios se financiarán con el Instrumento de Apoyo para Emergencias, puesto en marcha a raíz de la pandemia con una dotación de 2.700 millones de euros del presupuesto comunitario.
En la última reunión por videoconferencia que mantuvieron los ministros europeos de Sanidad, celebrada el pasado viernes, la comisaria europea responsable de la cartera, Stella Kyriakides, animó a los países a volver a inyectar fondos en ese instrumento ya que "con dinero adicional, podríamos garantizar que más vacunas prometedoras formen parte del portafolio europeo".
La comisaria pidió también a los países que comiencen a preparar las estrategias nacionales de vacunación para garantizar un acceso equitativo y un despliegue estable de las vacunas y subrayó la necesidad de coordinar los esfuerzos en la UE.
