La propiedad de una vivienda es, para muchos, una de las mayores aspiraciones en la vida. Tener una casa propia brinda estabilidad y seguridad. Sin embargo, existen situaciones excepcionales en las que, pese a ser el legítimo propietario de un inmueble, este puede ser expropiado o perdido.
Estas situaciones están reglamentadas por la ley y, aunque son poco frecuentes, es importante entender en qué casos pueden suceder y cómo afectan a los propietarios.
La expropiación: ¿Qué es y en qué casos puede ocurrir?
La expropiación es el proceso mediante el cual el Estado priva a una persona de su inmueble por motivos de interés público. Este procedimiento está amparado por la Constitución, que establece que, en casos excepcionales, el gobierno puede tomar posesión de propiedades privadas con fines de utilidad pública o interés social.
En este caso, la expropiación queda regulada por la Ley de Expropiación Forzosa. El artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, pero también menciona que la función social de la propiedad puede delimitarse por ley.
Esta normativa explica que se puede realizar por causa de utilidad pública o interés social, debidamente justificada y a cambio de una indemnización justa.
Algunos de los casos más comunes de expropiación son los siguientes.
Proyectos de infraestructura
Cuando se necesitan terrenos para construir carreteras, líneas de tren, aeropuertos u otros proyectos de infraestructura de interés general, el Estado puede expropiar viviendas y terrenos.
Esto se hace bajo el argumento de que estos proyectos benefician a la mayoría de la población, aunque para el propietario pueda representar una gran pérdida.
Zonas de desarrollo urbano o regeneración
En algunas ocasiones, los gobiernos locales pueden declarar ciertas áreas como zonas prioritarias para el desarrollo o la regeneración urbana.
Esto sucede frecuentemente en zonas deterioradas o abandonadas, donde las autoridades buscan revitalizar los barrios construyendo nuevas viviendas, parques o instalaciones públicas.
Protección del medio ambiente o patrimonio cultural
En casos en los que una propiedad esté ubicada en una zona considerada de interés medio ambiental o patrimonial, el Estado puede expropiarla para preservar el ecosistema, proteger especies en peligro de extinción o conservar un bien cultural que esté en riesgo.
Más casos
Al margen de los ya citados, existen otras situaciones no vinculadas a la ley que pueden acabar en expropiación de una vivienda.
Pérdida de la vivienda por deudas o ejecución hipotecaria
Otra forma de perder la vivienda es a través de la ejecución hipotecaria, que ocurre cuando el propietario no puede cumplir con sus obligaciones financieras, generalmente con el pago de la hipoteca.
Cuando una persona adquiere una hipoteca para comprar una casa, la propiedad actúa como garantía del préstamo. Si el dueño deja de pagar las cuotas, el banco puede iniciar un proceso de ejecución hipotecaria para recuperar el dinero adeudado, haciéndose con el inmueble.
En este proceso, el banco se adueña de la vivienda y la pone a la venta en una subasta pública para cubrir la deuda.
Impago de impuestos y otros gravámenes
Otra causa de pérdida de la vivienda puede ser el impago de impuestos, especialmente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), o el impuesto a la propiedad en otros países. Si un propietario no paga los tributos correspondientes, las autoridades fiscales pueden embargar la propiedad y venderla para saldar la deuda.
Además, en algunas jurisdicciones, los propietarios pueden perder sus viviendas por deudas relacionadas con otros gravámenes, como cuotas comunitarias no pagadas en el caso de propiedades en edificios o urbanizaciones con comunidades de vecinos.
Ocupación ilegal y pérdida de la propiedad
Un caso más extremo, pero que ha ganado visibilidad en los últimos años, es la ocupación ilegal de viviendas. Si bien no se trata de una expropiación en términos estrictos, puede ser una amenaza para los propietarios.
En los últimos años, el fenómeno de la ocupación ilegal ha generado un intenso debate social y político. Aunque existen mecanismos legales para recuperar la vivienda, el proceso puede ser largo y caro, dejando a los propietarios en una situación de vulnerabilidad.
