Las sindicalistas conocidas como las 'Seis de la Suiza', que este jueves han ingresado en prisión para cumplir una pena individual de tres años y medio de cárcel por coacciones al propietario de una pastelería de Gijón, continúan recabando apoyos para la concesión de un indulto, una medida que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a apoyar.
En un comunicado, el grupo de apoyo a estas sindicalistas vinculadas a la CNT, denominado en asturiano 'Grupu sofitu 6 de la Suiza', ha denunciado que el Estado español tiene desde hoy a seis sindicalistas presas condenadas "por ejercer los derechos sindicales que tanto le costó conseguir a la clase trabajadora".
Este colectivo social, que en los últimos meses ha organizado protestas multitudinarias en apoyo a las seis personas condenadas -cinco mujeres y un hombre- ha subrayado que un total de veintidós sindicatos de todo el país han respaldado ya la "solución política" del indulto, una medida que, aunque lenta, está "en manos del Gobierno".
Piden la concesión inmediata del tercer grado
Mientras tanto, ha reivindicado la concesión inmediata del tercer grado del régimen penitenciario, algo que resulta "urgente" porque "no hay Estado de derecho si hay sindicalistas inocentes encarceladas".
Por su parte, el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, ha vuelto a reivindicar hoy "ese necesario indulto" después de que el Gobierno del Principado expresara formalmente hace unos días su apoyo a esta medida por razones de carácter "humanitario y personal" y basándose en que las condenadas han demostrado una "plena integración social, laboral y familiar", carecen de antecedentes penales previos y han mantenido una "conducta ejemplar" desde que los hechos fueron juzgados.
También hoy, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se ha sumado a esta petición tras calificar el ingreso en prisión de las sindicalistas de "auténtico atentado democrático" y un hecho de "una gravedad extrema".
Desde el ámbito sindical, UGT ha reiterado su petición de indulto y ha denunciado que la sentencia "supone un ataque frontal al sindicalismo" porque "en el fondo lo que se está condenando es el ejercicio de la acción sindical".
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunió el pasado viernes en Oviedo con las seis personas condenadas y se comprometió a apoyar la tramitación de su indulto por parte del Gobierno, tras señalar que se siente "escandalizada" por algo que en democracia "nunca ha pasado".
En los últimos meses también se han pronunciado en defensa de las 'Seis de la Suiza' varias organizaciones políticas como PSOE, IU, Sumar, Podemos o EH Bildu. El grupo de apoyo a las 'Seis de la Suiza' ha convocado nueva concentración, a las 19:30 horas de este jueves, frente al Ayuntamiento de Gijón.
Los hechos
Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una trabajadora de la pastelería se presentó en el lugar de trabajo y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.
Según detalla la sentencia, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una "campaña de presión sobre el empleador y su familia".
Entre otros actos, la sentencia detalla la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.
Las condenadas, según el relato de hechos, "incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión" hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta.
Las concentraciones delante del local terminaron cuando el empleador decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue "la consecuencia directa de la presión, constante, reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados".
