Un informe del Cedex pone el foco en la construcción del vertedero y en su estado

Todos con un mismo objetivo: esclarecer lo ocurrido aquel día y las responsabilidades de que toda una ladera en el barrio de Eitzaga (Zaldibar) se viniera abajo a media tarde -a las 16.13 horas saltaron todas las alarmas en los Servicios de Emergencia-. Ahí están, por ejemplo, los correos electrónicos intercambiados por la gerencia de Verter Recycling -empresa que gestionaba la planta- en las jornadas previas al colapso del vaso donde se amontonaban decenas de miles de toneladas de residuos industriales (incluido amianto) en los que ya se apuntaba a la existencia de grietas en el terreno; también los proyectos constructivos del vertedero -los originales y los modificados a posteriori- y las licencias de actividad validadas en distintas épocas por los responsables de distintos colores políticos.

Todos esos datos y muchos más dan contenido a los sumarios que analizan ese colosal movimiento de tierras (330 metros de largo por 160 de ancho y 800.000 metros cúbicos de basuras, tierras y residuos) donde quedaron atrapados Sololuze y Beltrán -quien un par de días antes del desastre ya había advertido a los responsables de la instalación de movimientos de tierra- y los motivos de ese colapso. Aquel mismo 6 de febrero de hace dos años, a eso de las nueve y media de la mañana, un correo electrónico de una consultora de Ingeniería que había cursado una visita de trabajo al recinto advertía a Verter Recycling de que “no se descarta ningún escenario”.

El último de los informes que ha examinado y valorado toda la documentación asociada al vertedero y su actividad, tiene la firma de Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) y en sus conclusiones vuelve a depositar la carga en Verter Recycling y en la construcción del vertedero y su estado de conservación. Este organismo, dependiente del Ministerio de Fomento, entiende que el agua acumulada en el vaso contribuyó en gran medida al derrumbe de la montaña de escombros. El revestimiento utilizado para aislar materiales y zonas -resumía Berria en sus páginas- no fue el que debería haber sido y, en consecuencia, las humedades ganaron terreno y facilitaron el fatal deslizamiento de las diferentes capas de tierra donde se acumulaban los residuos compactados.

Y no es el único atestado pericial en manos de la Justicia que hace mención expresa a ese deficiente sistema de sellado y retención. El de la Politécnica de Barcelona y el de la Universidad de Cantabria -conocidos a mediados de 2021- ya apuntaban en ese sentido. Al parecer, la empresa modificó en 2008 el proyecto del vertedero. Y a pesar de que la legislación establece que se debía utilizar “geotextil texturizado” en ambos lados de la capa protectora e impermeabilizante para “contener la rozadura” y que los residuos estén “más sujetos al suelo”, las intervenciones sobre el terreno fueron degenerando: Verter Recycling utilizó la lámina texturizada en ambos lados en su primera etapa; después, en las fases 1 y 2, la usó solo en una de las partes, y ya en la última etapa se empleó geotextil liso en ambos lados.

La inclinación de la ladera sobre la que fue construido el vertedero (19%) así como la altura que alcanzaron los residuos amontonados que a diario entraban en estas instalaciones -conocidas como el agujero- tampoco han pasado por alto en toda esa documentación en la que se describe, explica y pormenoriza lo ocurrido hace dos años en el vertedero emplazado en el núcleo de Eitzaga, la mayor catástrofe ambiental registrada en Euskadi y en la que murieron dos personas .

De momento, los tres altos cargos de la empresa Verter Recycling -que a mediados de octubre inició los trámites administrativos para su disolución- investigados en esta compleja y detallada instrucción judicial han rechazado prestar testimonio sobre la causa por delito ambiental, la única que se mantiene abierta después de que la vía penal por homicidio imprudente quedará cerrada con el acuerdo alcanzado a comienzos de septiembre con la Fiscalía y las familias de Beltrán y Sololuze.

Así, tanto José Ignacio Barinaga -propietario de la empresa que se desplazó, casi de incógnito, hasta la zona cero nada más conocer el desastre- como su sobrina Arrate Bilbao -gerente de la planta- y Juan Etxebarria -ingeniero jefe del vertedero- evitarán entrar en prisión por esa causa. Aceptan un castigo de seis meses de cárcel y el pago de una indemnización de 2,8 millones de euros. Y lo más importante en este procedimiento judicial que tanto eco ha tenido en la sociedad y cuya onda expansiva también sorprendió a la clase política: reconocieron negligencias previas al colapso del vertedero.

Además, esa pena mínima que no cumplirán sí que significa que tendrán antecedentes; o lo que es lo mismo, que llegado el caso de una sentencia condenatoria en esta pieza del sumario que se juzga en Durango, la ambiental, sería más difícil eludir su entrada en algún centro penitenciario. También se mantiene pendiente de resolución administrativa el abono de las facturas que el Gobierno Vasco reclama a Verter Recycling por los trabajos ejecutados durante 18 meses en la zona para buscar a los dos trabajadores sepultados y, en paralelo, estabilizar la montaña.

Asimismo, el Ejecutivo vasco ha revisado y actualizado la autorización de Verter y cerrado la puerta a que esas instalaciones puedan volver a ser usadas con ese fin. En el momento del derrumbe quedaba aún más de un tercio de la capacidad de vertido por rellenar o completar. Por otra parte, se marcan plazos para la realización de distintas obras, referidas principalmente a la clausura definitiva y el seguimiento tras el sellado. “Se da respuesta al proyecto de sellado presentado por la empresa y que se considera insuficiente”, telegrafiaban fuentes conocedoras del procedimiento administrativo abierto.

El vertedero, o lo que queda del mismo, se dio por afianzado a finales de agosto de 2021. Poco antes, a mediados de mayo (día 14) y tras haber cribado más de 4120.000 metros cúbicos de escombros -en total, han sido removidos más alrededor de 800.000 metros cúbicos-, se daba por finalizada la búsqueda sin éxito de Joaquín Beltrán, encargado de mover y compactar los residuos que entraban en la planta. Los restos de su compañero Alberto Sololuze, empleado en la báscula de acceso a las instalaciones, fueron hallados antes: el 16 de agosto de aquel 2020.

En total, y según la última información facilitada por fuentes del Gobierno Vasco serían unos 28,7 millones de euros (que la empresa debería hacer efectivos en el plazo de un mes) a los que, en principio, habría que sumar otros tres millones que gastó la Diputación Foral de Bizkaia para rehabilitar los carriles de la AP-8 inutilizados por la avalancha de residuos que los engulló y que pudieron ser reabiertos al tráfico rodado en julio de 2020 después de cinco meses en los que también se levantó un muro de contención para evitar que posibles nuevos derrumbes afecten a ese punto de la red viaria, uno de los más transitados de toda la geografía vasca.

Otro de los asuntos que también espera respuesta -este de carácter extrajudicial- es el pronunciamiento de la Comisión Europea a petición de las plataformas vecinales sobre la labor de control de la Administración vasca. No será la primera vez que lo haga. El año pasado, después de las correspondientes investigaciones y análisis de informes y expedientes, ya concluyó que no hubo infracciones, que había autorización para almacenar amianto y que las inspecciones fueron regulares. Otra cosa es que no fueran tantas como reclaman ahora los colectivos sociales denunciantes. Desde el Gobierno Vasco ya han anunciado que, como en anteriores ocasiones, colaborarán “en todo lo que pueda” con la Eurocámara cuando se pidan más datos sobre aquella catástrofe.

Compromiso político y exigencias administrativas. El Gobierno Vasco ha procedido a revisar y actualizar la autorización de Verter Recycling para adaptar las condiciones de la instalación a la nueva configuración del vertedero. Se prohíbe y se imposibilita que nadie pueda jamás volver a depositar más residuo.

Plazos. En 4 meses debe completar la construcción del sellado definitivo del depósito DS1. Y en el plazo de seis meses, completar el sellado provisional del vaso de vertido original.