Un año de dura lucha contra la montaña

El desconcierto y la preocupación eran palpables en el lugar de los hechos. Los primeros intentos de rescate se llevaron a cabo aquel mismo jueves por bomberos y ertzainas equipados con palas. Al día siguiente, el Gobierno Vasco suspendía las labores de búsqueda de los dos empleados debido a la presencia de amianto entre los escombros. Además, el origen de varios incendios en la parte alta del vertedero complicó el escenario. Más aún, cuando el 9 de febrero Ekologistak Martxan alertó de la posibilidad de que entre los residuos industriales que se almacenaban en el vertedero pudiera haber restos de lindano, material considerado altamente tóxico.

Debido a la inestabilidad del terreno, hasta en tres ocasiones tuvieron que ser suspendidas las labores de búsqueda. Esa misma semana, vecinos de Zaldibar y de los pueblos colindantes como Ermua y Eibar crearon la plataforma Zaldibar Argitu y comenzaron diferentes movilizaciones para denunciar lo ocurrido. Y es que el descubrimiento de que en el vertedero se habían almacenado residuos que contenían amianto generó mayor confusión y desconcierto.

Mientras continuaban las labores de búsqueda, análisis de residuos, calidad del aire y del agua, comenzó también un proceso judicial para esclarecer las causas y responsabilidades de los hechos. El desprendimiento abrió una crisis medioambiental, sanitaria y política en la CAV, en plena precampaña electoral. El 11 de febrero el Juzgado de Durango abrió diligencias para investigar el derrumbe y dos días después abrió un expediente sancionador a la empresa propietaria de la escombrera, Verter Recycling, ya que los análisis detectaron dioxinas y furanos en el aire en proporciones muy superiores a los normales y provocadas por los fuegos en el vertedero.

Seis días después del trágico suceso, el lehendakari Iñigo Urkullu se reunió con las familias de los desaparecidos y visitó el vertedero. La oposición criticó al líder jeltzale por no haber acudido antes al lugar de la tragedia. Ante este ataque, dejó claro que su intención fue la de “deslindar cualquier tiempo de presencia que suponga solamente una escenificación”.

Las manifestaciones y protestas iban en aumento. Miles de personas salían a las calles para pedir responsabilidades y que se esclareciera lo ocurrido. El 18 de febrero, Iñaki Arriola, por aquel entonces consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco, aseguró que “la empresa Verter Recycling es plenamente responsable de la estabilidad del vertedero”. Ese mismo mes, la Diputación Foral de Bizkaia y los ayuntamientos de Eibar y Ermua se personaban también como acusación particular en el proceso judicial por el derrumbe del vertedero.

Con el estado de alarma decretado el 14 de marzo los trabajos de búsqueda en el vertedero corren el riesgo de ralentizarse, pero finalmente fueron incluidos en la categoría de esenciales y prioritarios. Nuevas pistas fueron descubiertas el 5 abril cuando se localizó el coche de Alberto Sololuze. Las labores de búsqueda continúan, pero sin noticas de los trabajadores. Para profundizar en lo ocurrido, el Departamento de Medio Ambiente encarga a tres expertos un informe pericial con el propósito de determinar las causas del deslizamiento. Posteriormente, también solicitó una auditoría a una consultora británica.

Las novedades en torno al operativo eran escasas, y el desánimo afloraba cada vez más entre los familiares y allegados de los trabajadores. En mayo sus familiares pedían que la búsqueda no cesara. El verano avanza, al igual que el proceso judicial y el 21 de julio la Ertzaintza detiene a tres altos cargos de Verter Recycling, propietaria de la escombrera de Zaldibar. Dos días después, la jueza imputa por homicidio imprudente a los responsables del vertedero, dejándoles en libertad provisional.

El pasado 16 de agosto, a 23 metros de profundidad, donde los equipos de rescate trabajaban con ahínco desde hace más de seis meses encontraron un resto óseo. Al día siguiente, localizaron más restos y varios objetos personales como una cámara fotográfica, una correa de reloj, unas gafas de sol y un candado. Finalmente, el 19 de agosto las pruebas de ADN confirmaron que los restos humanos hallados en el vertedero correspondían a Alberto Sololuze.

Enmarcado en el proceso judicial, la plataforma Zaldibar Argitu y la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria oficializaron a principios de octubre su personación como acusación popular en el juicio por el derrumbe del vertedero. Para afrontar los gastos del juicio, pusieron en marcha una campaña popular de recaudación.

Con el objetivo fundamental de encontrar a Joaquín Beltrán, el operativo de búsqueda inicia el 15 de octubre una nueva fase al llegar a una de las zonas prioritarias. A mediados de noviembre, la búsqueda termina sin resultados y las labores se amplían a otras dos áreas. Con la llegada del nuevo año, el 20 de enero el Gobierno vasco atribuye a Verter Recycling la responsabilidad de los daños causados por el derrumbe y otorga a la empresa gestora del vertedero un plazo de diez días hábiles, prorrogables en otros cinco, para presentar un proyecto de reparación de los daños medioambientales ocasionados.

Dos días después, a través de un comunicado público, Verter Recycling rechazaría ser la “única” responsable de los daños y asegura que concurren “responsabilidades de otros agentes intervinientes”. El pasado 29 de enero, el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango inició la causa contra la empresa Verter Recycling y tres de sus responsables por un presunto delito ambiental ocasionado como consecuencia del derrumbe del vertedero.

Gestión

El vertedero, un basurero privado gestionado por la empresa Verter Recycling, colapsó el 6 de febrero de 2020 y desató una conmoción en Euskadi. Además de una crisis medioambiental, provocó una tormenta política, con polémica entre las distintas formaciones políticas en fechas previas a las elecciones vascas (que luego fueron suspendidas a causa de la pandemia), y también después.

Operativo

Tras meses de búsqueda infructuosa, en agosto pasado se localizó el cuerpo de Alberto Sololuze, uno de los dos operarios desaparecido bajo los escombros. Desde entonces, el operativo de búsqueda sigue trabajando para localizar a Joaquín Beltrán.

Movilización

Ha sido un año de periódicas movilizaciones ciudadanas en demanda de responsabilidades por el derrumbe, que es objeto de investigación judicial y por el que figuran como investigados tres responsables de la empresa gestora. También la Comisión Europa se ha interesado por lo sucedido.