Vitoria. Ya lo anunció el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, el pasado viernes. Acceder a las ayudas sociales a partir de enero en Euskadi será mucho más difícil. Dicho y hecho. Tras el anuncio popular, el Gobierno Vasco no ha tardado ni un ápice en tomar nota de las pretensiones de sus socios políticos para plegarse a las mismas. Así, PSE y el PP acordaron ayer elevar las exigencias para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de forma que aquellas personas que lleven menos de tres años empadronados en un municipio vasco deban acreditar también cinco años de vida laboral para acceder a las prestaciones. La consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, presentó el acuerdo junto con los parlamentarios del PP Antonio Damborenea y Laura Garrido al término de la reunión de la ponencia que ha estudiado la modificación de la ley sobre RGI.
La consejera socialista y Damborenea mostraron su esperanza en que otros grupos políticos se sumen al acuerdo a lo largo de la tramitación parlamentaria de la iniciativa. En ese sentido, Zabaleta rechazó que las nuevas exigencias para acceder a las ayudas sociales supongan un "recorte" y aseguró que el "único endurecimiento que se contempla es hacia aquellos que quieren aprovecharse del sistema". También señaló que, según la normativa actual, un estudiante de 23 años que llegue a Euskadi puede acceder a ayudas sólo con un año de empadronamiento, una situación que, a su juicio, "no gustaría a los ciudadanos vascos porque su solidaridad no es ilimitada". La consejera insistió en que la nueva norma liga las prestaciones sociales al compromiso del solicitante para buscar empleo, ya que el sistema debe tener una "puerta de entrada y una de salida", ligada a la formación y al empleo.
Asimismo, explicó que los beneficiarios de RGI que no estén trabajando en programas de formación deberán colaborar en tareas de carácter social en situaciones de emergencia. Estas labores se llevarán a cabo a través de convenios con organizaciones de voluntariado y ONG, aunque los detalles sobre las condiciones de las mismas se estudiarán en el desarrollo reglamentario de la ley. También se contempla revisar semestralmente la situación de los beneficiarios de ayudas, en lugar de cada tres meses como solicitaba el PP, y que dichas prestaciones se retiren en cuanto se rechace un empleo y no tres como se hace hasta ahora.
Zabaleta subrayó que tanto el PP, que en un principio solicitaba cinco años de empadronamiento para acceder a las ayudas, como el PSE, han cedido en algunas de sus propuestas para alcanzar un acuerdo. La reforma entrará en vigor el 1 de enero del próximo año. La consejera recordó que la CAV se concentra un 38% del conjunto de titulares de renta en España y más del 40% del gasto, a pesar de que cuenta con un 2,4% de la población en riesgo de pobreza.
Por su parte, el parlamentario de EB Mikel Arana avanzó que votará en contra de la reforma porque "aniquila la protección social en Euskadi" y "criminalizan la pobreza y la exclusión". A su juicio, el PSE deberá explicar los "motivos para empecinarse en desmantelar" un sistema que ha sido ejemplar. Además, EA acusó a Zabaleta de "plegarse" a las exigencias del PP. Según aseguró el parlamentario de EA Juanjo Agirrezabala, el acuerdo "va a dejar desamparadas a muchas personas en situación de necesidad".
