vitoria. La lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal se han situado como una prioridad fundamental para la Hacienda alavesa y la Tesorería de la Seguridad Social. Y más aún en el actual contexto de crisis, de descenso de la recaudación e incremento casi descontrolado de las cifras de paro. Con el objetivo de remar en esa dirección, ambas entidades rubricaron ayer en Gasteiz un convenio en materia de intercambio recíproco de información que permitirá, entre otras cosas, mejorar la gestión recaudatoria y crear un perfil de riesgo del defraudador.

Bienes, cotizaciones, movimientos, rentas reales de los contribuyentes... Cruzando informaciones de estas características, una actuación "imprescindible" a juicio del diputado foral de Hacienda, José Luis Cimiano, las bases de datos de ambas instituciones pondrán coto, o al menos dificultarán, las numerosas operaciones que a diario se realizan al margen de la legalidad en este ámbito.

El acuerdo, que viene a dar continuidad a otro firmado en el ya lejano diciembre de 1997, establece un marco general de colaboración entre ambas instituciones, así como procedimientos por los que se debe regir el citado intercambio de información y de acceso a sus respectivas bases de datos. "Es un convenio importante, fruto de las excelentes relaciones que mantenemos entre ambas instituciones, y que también servirá para aportar información al Observatorio estatal del fraude", según remarcó el director general de la Tesorería, Javier Aibar.

La cesión de información procedente de la Hacienda foral tendrá como finalidad exclusiva la colaboración con la Tesorería en materia de recaudación de recursos de la Seguridad social y demás conceptos de recaudación, particularmente en la lucha contra el fraude en la cotización y la recaudación de las cuotas de este sistema. Asimismo, la cesión de información procedente de la Seguridad Social se realizará a efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Entre las principales mejoras que posibilitarán el nuevo convenio respecto al anterior, se encuentran el mayor detalle de las informaciones que intercambiarán ambas entidades, la adecuación de los sistemas a la Ley de Protección de Datos y la modernización de las bases de datos gracias a "herramientas informáticas adecuadas a la actualidad".

La información cedida por ambas partes sólo podrá tener por destinatarios los órganos del departamento de Hacienda y de la Seguridad Social que tengan atribuidas las funciones que justifican este intercambio de datos.