La defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha alegado que es víctima de una "presunción de indecencia", descartando cualquier riesgo de destrucción de pruebas que no haya podido conjurar el propio instructor, en la vista que se ha celebrado este martes en el Tribunal Supremo para estudiar el recurso de apelación donde pide revocar su ingreso en prisión provisional, acordado por la presunta trama de amaño de obras del 'caso Koldo'.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la defensa ha argumentado que el riesgo de destrucción, alteración u ocultación de pruebas que apreció el magistrado instructor, Leopoldo Puente, para enviarle a la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 30 de junio podría haberse disipado con un registro que podría haber acordado desde que dejó de ser diputado y, por tanto, aforado, el pasado 16 de junio.
Sobre esto, de acuerdo con las citadas fuentes, los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo han destacado que, cuando entró en prisión, Cerdán entregó su teléfono móvil a su familia y que, desde entonces, ha estado en su vivienda. A ello han sumado que avisaron al alto tribunal de que la familia se mudaría el pasado lunes, sin que tampoco se actuara.
A su juicio, –han trasladado al Supremo– ha pasado tiempo suficiente para que, si se apreciaba dicho riesgo, se actuara ordenando un registro. La defensa incluso ha ironizado con que los investigadores deben pensar que Cerdán es "un delincuente vago", precisan las fuentes.
Así las cosas, los abogados han sostenido ante los magistrados que desconocen qué pruebas se quiere proteger –que no se pudieran haber destruido, alterado u ocultado ya– que justifiquen la prisión provisional.
También han refutado el argumento que dio el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, para cargar contra la declaración de Cerdán de ese mismo 30 de junio como imputado. El fiscal afeó en su escrito que se limitó a dar una "entrevista amable" –casi un "masaje", ha señalado en la vista– en vez de someterse a un verdadero interrogatorio, algo que la defensa ha contestado diciendo que no respondió a las preguntas de magistrado y fiscal porque éstos no quisieron.
"Hemos pasado de una presunción de inocencia a una presunción de indecencia", han dicho los abogados defensores ante la Sala de Apelación, formada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, este último como ponente de la impugnación de Cerdán.
Audios de Koldo
Asimismo, han esgrimido que no se ha practicado ninguna diligencia que verifique lo reflejado en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, basado en las grabaciones que el exasesor ministerial Koldo García hizo entre 2018 y 2023 de sus conversaciones con Cerdán y Ábalos.
En esa línea, han vuelto a cuestionar la validez de esos audios, enfatizando el hecho de que el propio magistrado ha accedido a su petición de que la UCO verifique que son "auténticos", así como de que se les permita tener acceso a las grabaciones recogidas en dicho informe.
Al respecto, la defensa ha puesto de manifiesto que algunos de los audios se recogieron con los teléfonos móviles seguros que, según han revelado las pesquisas de Audiencia Nacional, el guardia civil investigado Rubén Villalba entregó a Koldo.
Los abogados han incidido en que, aunque el citado informe dibuja un cuadro general sobre esa presunta trama para adjudicación irregular de obras, hasta ahora se carece de concreción.
Petición de la UCO
Los letrados también han aprovechado la vista en el Supremo para denunciar la petición efectuada por la UCO el pasado 3 de julio a Instituciones Penitenciarias a fin de que le informara sobre las visitas que Cerdán recibe en Soto del Real, con "antelación" y 'a posteriori' si son "imprevistas".
Tras ello, el magistrado ha accedido a incorporarlo a la causa, si bien el pasado viernes ya contestó a Instituciones Penitenciarias que debía respetar sus propias normas, ante el aviso que le hizo Prisiones de que estaba cumpliendo con la petición de la UCO salvo orden judicial en contra.
Del otro lado, el fiscal anticorrupción ha reiterado que el riesgo de destrucción, alteración u ocultación de pruebas, así como el de manipulación de testigos del que ya advirtió, persisten, por lo que ha vuelto a desaconsejar la salida de prisión de Cerdán.
Luzón, según las fuentes consultadas, ha recalcado que, dado el papel que habría jugado en la trama, solo él sabe quiénes pagaban y quiénes recibían las presuntas mordidas.
Desde las acusaciones populares, unificadas bajo la dirección letrada del PP, se ha puesto de manifiesto que no todas estaban de acuerdo en mantener encarcelado a Cerdán. Las fuentes puntualizan que ADADE y Catalunya En Comú se han alineado con las defensas, mientras que las demás han pedido desestimar el recurso de apelación. Los 'populares', en particular, han alegado que hasta el PSOE ha dado la espalda a Cerdán.
Ahora, la Sala de Apelación deberá decidir si acepta el recurso, y deja libre al exsecretario de Organización del PSOE, o si, por contra, lo rechaza y le mantiene encarcelado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.