Este jueves es día de pleno en el Parlamento Vasco, y el PNV va a aprovecharlo para buscar algún espacio de diálogo con los socialistas con el objetivo de acercar posturas sobre los derechos lingüísticos de los euskaldunes en la administración pública. Esta semana vence el plazo que se habían dado los jeltzales para intentar por última vez un acuerdo entre los socios de gobierno, y el PNV no lo da por perdido y quiere agotar todas las vías, aunque visto desde fuera parece que no hay más cera que la que arde y el escenario más probable es el desacuerdo. Los socios llevan semanas tratando de alcanzar un consenso difícil, a estas alturas conocen los límites de cada uno, y los socialistas ya no ocultan que, en realidad, no ven “ninguna razón de peso” para cambiar el marco regulatorio que se acordó en 2024, una frase que deja sentenciado el recorrido de este diálogo. El PNV no quiere descartar un entendimiento, pero este miércoles se ha ofrecido a “dar un paso al frente” si el diálogo queda en vía muerta. Traducción: presentará una iniciativa con su firma si el diálogo no llega a buen puerto.
Por ahora, los socialistas están expresando estas diferencias de manera relativamente pacífica y sin palabras gruesas hacia sus aliados en el Gobierno vasco de coalición. Se ha mantenido un diálogo discreto durante meses, y ese trabajo previo contribuye a un mejor clima. No ha surgido un problema de coordinación ni se puede reprochar al PNV ninguna iniciativa unilateral, como arguyó el PSE en el caso de las alegaciones al decreto estatal de creación de nuevas universidades. El PNV estudia desde hace meses una reforma de la Ley de Empleo Público ante la cascada de sentencias desfavorables que han tumbado los perfiles lingüísticos para acceder a distintos puestos de la administración, unas sentencias que alegan falta de proporcionalidad y argumentos más arbitrarios, como la dificultad de la lengua vasca. Y ha intentado hacer copartícipe al PSE. Sin embargo, el PSE no ha compartido nunca en estos años que exista una ofensiva judicial. Su secretario general, Eneko Andueza, dijo este miércoles que no sería positivo romper el último consenso entre el PNV y el PSE, el decreto de 2024 de normalización del euskera en el sector público, pero de manera significativa dirigió su crítica hacia EH Bildu, a la que acusó de meter la cuña entre los aliados de coalición. Sí dijo que sería “un error hacer seguidismo” del grupo de Pello Otxandiano, pero no acusó al PNV de manera directa, y utilizó una fórmula más impersonal que las que acostumbra a emplear.
Andueza viene de mantener encontronazos de alto voltaje con el PNV, pero quizás este se visualice con mayor normalidad. El contexto político no invita a escenificar un gran desmarque con un tema tan sensible como la protección del euskera, menos aún en un momento de cierre de filas contra los ataques del PP, contra el plante de la madrileña Isabel Díaz Ayuso al lehendakari cuando anunció que iba a hablar en euskera en la conferencia de presidentes, o contra los contactos de Alberto Núñez Feijóo para rechazar el reconocimiento de la oficialidad del euskera en la Unión Europea. Andueza aclaró que no está dando “carpetazo” a ningún debate, un matiz relevante. Está por ver si fue más comedido porque la negociación no se había roto de manera oficial, o si va a mantener ese perfil sosegado para evitar que este asunto se convierta en un ariete para la confrontación política.
"El PNV tiene claro que hay que dar un paso al frente"
La presidenta de la Ejecutiva del PNV en Araba, Jone Berriozabal, aseguró a Onda Vasca que “el PNV tiene claro que hay que dar un paso al frente”. Tampoco compró a EH Bildu la iniciativa que acaba de registrar en el Parlamento. No conoce la letra pequeña, pero se preguntó si tiene un contraste sólido que la respalde. EH Bildu propone dar la vuelta como un calcetín al modelo vigente, rehacerlo, de manera que, en lugar de aplicar los índices de obligado cumplimiento para determinar el porcentaje total de puestos de trabajo que deberán tener el perfil lingüístico preceptivo en cada entidad, EH Bildu quiere que se exija de manera generalizada el conocimiento de euskera y, a partir de ahí, que se establezcan excepciones o aplazamientos para casos concretos. Es cierto que, si el PNV ponía en duda el respaldo sindical a esta iniciativa, ELA y LAB la han apoyado este mismo miércoles.
Berriozabal se opuso a que se eliminen los consensos o se cuestione “todo el trabajo” realizado, y puso el foco en el asunto de la “proporcionalidad”. Este principio aparecía en el decreto de 1997 y se mantuvo en el de 2024, y deja zonas grises para la interpretación judicial que ahora podrían limarse con una modificación. Los socialistas, por el contrario, se han ceñido al decreto actual y han apostado por jugar con los perfiles asimétricos que permiten cierta flexibilidad entre el nivel oral y escrito que se exige en cada puesto.
Berriozabal vinculó el euskera a la calidad del servicio público, en el sentido de que la atención a la ciudadanía mejora si la recibe en su lengua. Este es un intento de convencer al PSE. También respondió a los socialistas que los derechos lingüísticos de la ciudadanía y los derechos laborales de quien quiere mantener su empleo en la administración no son excluyentes, sino complementarios. Pero insistió: “Tenemos que tomar medidas activamente para poder seguir avanzando en el proceso de normalización. Por tanto, albergamos esperanzas en poder llegar a un acuerdo pero, en todo caso, el PNV va a hacer lo que tiene que hacer, que es dar un paso al frente como partido preocupado por la calidad del servicio público. Tenemos miles de personas con unos derechos lingüísticos que deben ser respetados y por los que la administración pública tiene que velar”.
Andueza pone el foco en EH Bildu
Andueza, en una comparecencia con motivo del aniversario de la Ley de Vivienda vasca, respondió varias preguntas sobre esta negociación. Aclaró que “se está trabajando a petición del PNV”, que el PSE no ha encontrado “ninguna razón de peso para cambiar el marco regulatorio” que ya permite medidas flexibles, progresivas y factibles; y, por último, que “las sentencias no van contra el euskera, sino a favor de preservar los derechos laborales”. “Ante todo, están los derechos laborales”, repitió. Acusó a EH Bildu de querer “romper el consenso” y avisó de que el PSE no va a ser “copartícipe”, porque lo “deseable” sería un consenso entre los socios y no que cualquier partido, de dentro o fuera del Gobierno, fuera “por libre”. Avisó de que “la utilización política de esta cuestión hace un flaco favor al euskera”, y de nuevo matizó que el mensaje se lo dirige “a EH Bildu”. EH Bildu se llevó todos sus dardos y, en otro momento, aseguró que su “compromiso social es de mentirijillas”, por sus críticas a la proposición de medidas urgentes de vivienda, o su abstención al endeudamiento de 1.000 millones.
