Se espera que la primera reunión de la Comisión Permanente de transferencias, antes de noviembre, actúe como un catalizador y alumbre un plan de trabajo para acelerar la llegada a Euskadi de las 29 competencias que aún tiene que asumir en virtud del Estatuto de Gernika. Pero, mientras tanto, la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, espera con carácter inmediato que los equipos técnicos de ambos gobiernos mantengan encuentros en septiembre, a la vuelta del verano, para ir desbrozando seis transferencias. Son las seis materias sobre las cuales ya existen propuestas formales del Gobierno vasco al Ejecutivo español en cuanto al desarrollo y alcance que deberían tener esas competencias. En términos generales, supondría que las instituciones vascas contaran con mayores atribuciones en las costas y en materia de trabajo.
En concreto, el Gobierno vasco está poniendo sobre la mesa las competencias sobre la ordenación del litoral, salvamento marítimo, meteorología, autorizaciones iniciales de trabajo para las personas migrantes, fondo de protección a la cinematografía, y el centro de verificación de maquinaria que está ubicado en Barakaldo y que tiene que ver con la salud laboral.
El litoral, para conceder permisos
La materia prioritaria es la gestión del litoral, la primera que quiere amarrar el Gobierno vasco en sus conversaciones con el ministerio de Ángel Víctor Torres y donde existen opciones reales de que se produzcan avances a corto plazo. El objetivo es que haya acuerdo antes de que acabe este año. El Tribunal Constitucional ya autorizó el traspaso a Galicia, aunque el Gobierno español había deslizado hasta la fecha que su Estatuto era poco más que humo, era demasiado inconcreto en ese punto y se limitaba a citar la competencia, sin detallar su perímetro y contenido. Pero al TC le basta esa redacción. El artículo 27.3 del Estatuto gallego atribuye a la comunidad la competencia exclusiva sobre “ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda”, la misma redacción que tiene el artículo 10.31 vasco.
La consejera Ubarretxena defendía recientemente que, a su juicio, contar con la competencia permitiría agilizar varios permisos y “dar una solución más rápida” a los problemas que ahora mismo están abiertos en canal en las costas vascas. Hablaba de las dificultades del Ayuntamiento de Donostia para edificar viviendas en los terrenos de los cuarteles de Loiola, un proyecto paralizado porque la Ley de Costas podría impedir que se edifique a menos de 100 metros del Urumea en lugar de a 20; poder ampliar los entornos protegidos de la red natura 2000 hacia la zona la marítima o, como explicaba en Radio Euskadi, dar permisos en cualquier playa para que se abran chiringuitos, para que haya pantanales, o para “agilizar toda la industria del atún rojo en Getaria”.
Las fichas técnicas del portal Legegunea del Gobierno vasco sí sitúan en la órbita de este traspaso la gestión y otorgamiento de autorizaciones; así como la planificación, elaboración y aprobación de proyectos, gestión y ejecución de obras y actuaciones que no sean de interés general.
A partir de ahí, habrá que ver en qué se concreta la transferencia y si el Estado interpreta que la actuación de Euskadi podría chocar con la Ley de Costas española o con algo que considere de interés general, un concepto que suele ser el comodín por excelencia en las negociaciones. Basta con recordar que, durante años, el Estado ha establecido dos categorías de estatutos, los no reformados y los que sí han sido reformados y sí atribuyen de manera expresa a sus comunidades la gestión y autorización de permisos. Está por ver si el Estado pretende una transferencia con menos funciones para Euskadi porque el Estatuto de Gernika no está reformado.
Salvamento de buques y vidas, remolque...
También en el ámbito del litoral, el Gobierno vasco solicita la transferencia del salvamento marítimo. Es una materia donde Euskadi podría actuar salvo en casos de catástrofe o “interés nacional”, aunque este concepto se ha interpretado de manera expansiva y ha impedido la cesión de la competencia. Euskadi podría asumir las operaciones de búsqueda y salvamento de vidas y buques o el servicio de remolque, y las fichas de Legegunea hablaban también de establecer los criterios de las maniobras de los buques que lleven a bordo mercancías peligrosas.
Se da la circunstancia de que este melón se abre pocos días después de que el Gobierno de Sánchez acordase ya con el consejero Bingen Zupiria que la Ertzaintza se encargue de velar por el orden público en los puertos y aeropuertos vascos como hace en suelo firme. Este acuerdo es compatible con que las fuerzas de seguridad del Estado mantengan sus competencias sobre explosivos, aduanas o delitos supracomunitarios. Por lo tanto, se ha abierto camino. Eso sí, la transferencia de los puertos y aeropuertos en sí mismos la sigue enfriando el Gobierno español y la ha dejado fuera de este primer paquete de la negociación. De todos modos, se comprometió con el PNV a cumplir íntegramente en Estatuto en dos años a cambio de la investidura de Sánchez, y ha pasado ya más de medio año.
Permisos de trabajo para los migrantes
En materia laboral, el Gobierno vasco quiere encargarse de conceder las autorizaciones iniciales de trabajo para los extranjeros, algo que ya hace Catalunya, que fue la primera comunidad en gestionar este asunto. El anterior Gobierno vasco, liderado por Iñigo Urkullu, sondeó al entonces responsable del área, el ministro Escrivá. Y, a principios de este año, Euskadi ha asumido parte de las competencias en materia migratoria, la vertiente más social y asistencial para la acogida de los refugiados, que no abarca esa vertiente laboral ni tampoco permite aceptar o denegar la entrada en el territorio, ya que el Estado es quien controla las fronteras y tiene competencia exclusiva sobre ello.
El debate de las competencias migratorias está en la opinión pública y, a medida que el Gobierno de Sánchez ceda ante Junts y le delegue la competencia íntegra sobre las personas extranjeras, es probable que crezca la presión de otros socios para asumir parte o la totalidad de esa misma tarea. En cualquier caso, el acuerdo con Junts es para llevar a cabo una delegación de competencias, no para una transferencia irreversible como lo sería en el caso vasco, y Junts necesita además el aval del Congreso.
Centro de salud laboral
Por otro lado, el Gobierno vasco reclama el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las materias laborales y de la Seguridad Social son prioritarias para el lehendakari Pradales, que quiere construir un marco sociolaboral vasco, propio, y ha evitado presionar en público con la piedra angular de ese paquete, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Es una materia que tiene que llegar en ese plazo de dos años desde la investidura, pero que el PNV prefiere que avance de manera discreta y sin presiones que la hagan descarrilar. Por ahora, se va avanzando públicamente en otras cuestiones relacionadas con el ámbito sociolaboral. El PSE también llevaba en su programa el traspaso del Instituto de Barakaldo, “que permitirá la plena integración de las funciones de Osalan”.
Cine y meteorología
La lista de materias que quiere negociar con carácter inmediato el Gobierno vasco la completan la meteorología, y la transferencia del fondo de protección a la cinematografía para asumir los servicios, funciones y dotaciones que el Estado destina a través de su fondo para la promoción de medios audiovisuales.
En el caso de la meteorología, Euskadi ya cuenta con un servicio propio consolidado, Euskalmet. Sin embargo, quedaría pendiente el reconocimiento de Euskalmet como autoridad meteorológica en la comunidad autónoma. ¿Cómo? A través de la transferencia de las infraestructuras que tiene el Estado en suelo vasco, o una valoración financiera de las cargas que asume Euskadi y su descuento del Cupo.
A diferencia de lo que sucedió en la anterior legislatura estatal, el Gobierno de Sánchez necesita los votos de todos sus socios en todas las votaciones. Antes, podía esquivar al PNV y salvar sus medidas con ERC y EH Bildu, como sucedió con la Ley de Vivienda aprobada en el Congreso. Ahora, tiene que contar sí o sí con el PNV, que dispone por ello de una capacidad de presión mucho mayor para que se cumplan los acuerdos firmados para la investidura del socialista.
