Primero fue la amnistía para las personas que participaron en el proceso soberanista catalán, y ahora podría llegar la hora de los gestos con Euskadi y de cumplir el Estatuto de Gernika. En el marco de la apuesta de Pedro Sánchez por asumir su minoría parlamentaria como presidente español y cumplir los acuerdos con sus socios “haciendo de la necesidad virtud”, el Gobierno vasco confía en que el balón de las transferencias eche a rodar nuevamente a partir de este martes tras dos años y siete meses de parálisis. La reunión que mantendrán por la tarde en Madrid la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, brindará la oportunidad de reactivar el proceso, y someterá a examen el cumplimiento de Sánchez de los acuerdos con el PNV, empezando por acelerar las tres competencias que deben llegar antes de marzo para que las gestionen las instituciones vascas (ferrocarriles, convalidación de títulos universitarios extranjeros y labores de acogida) o sentar las bases para constituir la Comisión Permanente que debe abordar todo el proceso, con una treintena de materias pendientes. Se espera engrasar el proceso.
La hora es un tanto intempestiva, porque el arranque de la reunión está previsto sobre las 19.00 horas, y el ministro tiene que responder antes a unas preguntas en el Senado. Pero Torres ha realizado algunas declaraciones previas en clave dialogante para cumplir los acuerdos. Y, en cualquier caso, cumplir el Estatuto es ley y en ello insiste el Gobierno vasco, aunque salta a la vista, dados los precedentes, que los gobiernos españoles se mueven cuando les aprieta la necesidad de apoyos en el Congreso, y esta vez los votos del PNV son imprescindibles. El cumplimiento del Estatuto arrancó con cierta agilidad en la primera mitad de la pasada legislatura de Sánchez pero, a partir de 2022, en un contexto donde el PSOE pudo recurrir a otros grupos políticos para sacar adelante sus iniciativas y prescindir de PNV y Junts, el proceso quedó paralizado. Desde que la Comisión Mixta se reunió en Bilbao el 10 de mayo de 2021 para firmar un paquete de materias encabezado por la histórica cesión de las prisiones, el Ejecutivo español no ha cedido a Euskadi la gestión de ninguna otra competencia recogida en el calendario que el propio Sánchez prometió en el Consejo de Ministros. Solo ha transferido la gestión del Ingreso Mínimo Vital, que no formaba parte del cronograma por ser una ayuda social nueva.
El PSOE siempre ha reducido los problemas a meros escollos técnicos, unas dificultades que tampoco niegan Garamendi ni un PNV muy conocedor y experto en la negociación de estas cuestiones, que llevan más de cuatro décadas en el alero. El PSOE niega que exista una decisión política o un cambio de estrategia para frenar los traspasos. Sí se notó un cambio de tono desde que el propio Sánchez, en el pleno de política general de 2022 en el Congreso, negó de manera expresa cuatro materias al PNV (litoral, meteorología, autorizaciones iniciales de trabajo para las personas migrantes y fondo de protección a la cinematografía). Su Gobierno, incluso, sacó a relucir que el Estatuto de Gernika es de primera generación, no se ha reformado, y su inconcreción en el contenido y alcance de los traspasos suponía una dificultad añadida. El Gobierno español se ha escudado en que la pandemia y la guerra en Ucrania han absorbido sus esfuerzos, y se ha sacudido la presión contraponiendo los once traspasos cedidos a Euskadi y las cero materias cedidas por Rajoy, obviando que Sánchez sí se comprometió con un calendario que ha pasado por alto.
El Gobierno español ahora sí necesita al PNV en todas las votaciones, y además se han establecido garantías adicionales en el acuerdo para la investidura de Sánchez: se recoge ese plazo de tres meses para los tres primeros traspasos (Andoni Ortuzar ha concretado que deben llegar antes de marzo del año que viene), y la creación de la Comisión Permanente para dejar atrás los vaivenes en este proceso, que ha sido muy intermitente. En ese sentido, hasta la fecha solo existía la Comisión Mixta, que se reúne cuando se ha alcanzado un acuerdo sobre alguna materia y eso ha provocado que se cite una o ninguna vez al año.
Las demandas vascas
Euskadi tiene la mesa varias cuestiones como dar un impulso a la negociación sobre la Ley de Vivienda estatal para lograr una salvaguarda de las competencias vascas que evite recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional. El plazo termina a finales de febrero, casi en paralelo a los tres traspasos urgentes y también la aprobación de los Presupuestos, que Moncloa aspira a aprobar en el primer trimestre. Con las tres materias urgentes se pretende, por ejemplo, mejorar el servicio de trenes de Cercanías afectado por varios retrasos y escasas frecuencias, o aliviar la escasez de médicos convalidando títulos universitarios. El resto de materias, incluida la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, debe llegar en dos años, aunque el marcaje de la derecha política y mediática ha provocado algunos malentendidos.
