Reactivan la comisión rogatoria de Andorra sobre Rajoy por la querella de la 'Operación Catalunya'

Cabe recordar que la Justicia de Andorra investiga a Rajoy, al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.

En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conocer "mediante vías ilegales" una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana de varios gobernantes de Catalunya y sus familiares.

Según consta en un auto, firmado el 31 de octubre y recogido por Europa Press, los magistrados --al desestimar la solicitud de Rajoy-- han acordado levantar la medida cautelarísima que habían adoptado la semana pasada para suspender de forma urgente la comisión rogatoria de Andorra.

Así, tras esta decisión del TSJ madrileño, el Principado recibirá la documentación requerida al Estado español y tendrá luz verde para proceder contra el exmadatario.

"INVOCACIONES GENÉRICAS"

El tribunal ha rechazado la petición de Rajoy al considerar que "se limita a aducir invocaciones genéricas e inconsistentes". En 13 folios, los magistrados han defendido que, a su juicio, "resulta evidente que hay suficientes motivos para no acceder a lo pedido".

En su auto, el TSJ de Madrid ha insistido en que el hecho de aceptar la comisión rogatoria de Andorra "no puede confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso". Y ha recordado, además, que el auxilio judicial sirve para "garantizar una situación de igualdad" ante los tribunales.

El tribunal ha coincidido así con el criterio del Ministerio Público, que el pasado 26 de octubre mostró su oposición al creer que el argumento de Rajoy de que se habían vulnerado sus derechos fundamentales con la tramitación de la comisión rogatoria lo que "realmente" encubría era un juicio sobre la actuación del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid y la Audiencia Provincial.

La Fiscalía aseguró, además, que el "cuestionamiento" que realizaba Rajoy sobre la decisión de la Dirección General de Cooperación Internacional de dar curso a la comisión rogatoria de Andorra sería "un examen de legalidad ordinaria no susceptible de evaluarse" porque, según indicó el Ministerio Público, no estaba acreditada la vulneración a la que el expresidente hacía referencia.

LA PETICIÓN DE RAJOY

La defensa del exlíder del PP alegó que había visto vulnerado sus derechos porque el juzgado madrileño, al dar trámite a la citada rogatoria, no realizó el "previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional".

Aunque la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón al considerar que dicho juzgado debía haber estimado sus recursos contra la comisión rogatoria de Andorra, precisó que no podía admitir sus recursos de queja porque la juez ya había actuado y dado respuesta al Principado. Así las cosas, avaló el auxilio judicial brindado a las autoridades andorranas.

Ante este escenario, la defensa de Rajoy presentó recurso de alzada contra la decisión de la Dirección General de Cooperación Internacional de dar luz verde a la comisión rogatoria de Andorra, pero no tuvo éxito, porque fue inadmitida por el Secretariado de Estado de Justicia, que es lo que el expresidente ha pedido revisar en el TSJ madrileño.

Los magistrados, sin embargo, han desestimado su petición, por lo que han reactivado el auxilio judicial al Principado.