El calendario de efemérides de los medios de comunicación ha quedado opacado estos días por el significativo 25º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco pero, también en las próximas jornadas, el martes de la semana que viene, se alcanzará otra fecha de referencia para hacer balance. Se cumplirán dos años desde las elecciones vascas del 12 de julio de 2020 que alumbraron un Gobierno de mayoría absoluta de PNV y PSE, presidido por Iñigo Urkullu, quien roza ya los diez años de mandato.
Esta legislatura y el tramo final de la anterior han sido las etapas más complicadas en la trayectoria de Urkullu, porque la comunidad autónoma vasca y medio mundo han vivido en una crisis permanente. Esta racha arrancó en Euskadi antes de las elecciones con una tragedia exclusivamente autonómica, el derrumbe del vertedero de Zaldibar y las muertes de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze; y continuó con el estallido de dos crisis internacionales e imprevistas: la pandemia del coronavirus y la invasión de Rusia a Ucrania.
El Gobierno vasco permanece en guardia ante lo que pueda venir en septiembre, plagado de incertidumbres: en el ámbito económico, por el alza de los precios y las consecuencias de la guerra; y en el sanitario, tras unas fiestas sin mascarilla. Pero huye del catastrofismo. Por ahora, la situación se afronta en un contexto de crecimiento económico y con unas condiciones singulares a nivel político que diferencian a la comunidad autónoma vasca de su entorno más cercano o de la tensión permanente en el Ejecutivo español: un clima de estabilidad institucional no solo por la mayoría absoluta de PNV y PSE, sino por los acuerdos que se han consolidado con la oposición. Los acuerdos incluyen al principal adversario político de los jeltzales, EH Bildu, lo que ha permitido alcanzar pactos de país sobre cuestiones como las bases educativas, los Presupuestos y probablemente la Renta de Garantía de Ingresos.
Se reduce así el nivel de crispación, aunque la coalición abertzale mantiene abierto el frente de la gestión sanitaria y la escasez de médicos de atención primaria en Osakidetza. Lo hace ayudada por las protestas sindicales y la polémica que causaron las declaraciones después matizadas de la consejera Sagardui, quien aclaró que no habrá recortes en Osakidetza. El margen de actuación del Gobierno vasco con la atención primaria tiene límites y está condicionado por la actuación del Estado en las plazas MIR.
En cualquier caso, el apoyo electoral del PNV se mantiene estable en las encuestas con una clara hegemonía frente a la izquierda abertzale, los datos de afiliación a la Seguridad Social son históricos (cerca del millón), y la producción legislativa avanza a un ritmo frenético, con 14 de los 36 proyectos de ley validados por el Parlamento, y seis proposiciones de ley de PNV y PSE aprobadas. Se han aprobado las leyes de igualdad, cuerpos y escalas de la administración, juventud o aportaciones, y se espera cerrar este año la reforma de la RGI. Por otro lado, la ayuda de 200 euros al mes por hijo hasta los tres años ha permitido lanzar un mensaje de compromiso con la conciliación. En cuanto a la relación con los sindicatos, destaca el acuerdo educativo sobre ratios en las aulas o para adelantar la enseñanza en inglés, un pacto suscrito con la representación del personal funcionario de Steilas, LAB, CCOO y UGT.
DEL CHOQUE AL PACTO
La legislatura comenzó con un enfrentamiento muy poco disimulado entre EH Bildu y el PNV, con acusaciones de autoritarismo a Urkullu y de aplicar el rodillo de su mayoría absoluta. No fructificó ningún acuerdo hasta los Presupuestos de 2022. EH Bildu había virado hacia posiciones más pactistas en el Estado y en Nafarroa, y quizás era cuestión de tiempo que lo hiciera en la comunidad autónoma vasca para no caer en una contradicción. El consejero Azpiazu le dio el empujón definitivo en una negociación presupuestaria en la que le planteó algunos de los puntos acordados en Nafarroa y amarró su abstención.
Los acuerdos no se han firmado en exclusiva con este grupo, sino que también los ha habido con Elkarrekin Podemos-IU, aunque ha tenido un protagonismo intermitente. Ha apoyado las leyes de juventud, igualdad y antipandemia, pero se ha mostrado muy beligerante con otras y ha amagado con salirse del pacto educativo entre PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PSE. Se han transaccionado leyes con el PP, pero en ese caso la relación no da tantos frutos.
La relación con los socios del PSE ha entrado en una nueva fase bajo el liderazgo de Eneko Andueza en sustitución de Idoia Mendia. En un momento de debilidad de los socialistas en todo el Estado, Andueza ha buscado diferenciarse en público del PNV con declaraciones que han provocado que salten chispas. Pero en las últimas semanas se aprecia una mayor contención, al menos por la parte jeltzale, que no ha entrado a responder en público al líder de los socialistas cuando se atribuyó haber frenado intentos de regresión de los jeltzales en materia sanitaria y educativa. Nadie echó leña al fuego.
Meses antes, el lehendakari se reunía con Andueza después de que el socialista dejara en el aire el pacto educativo, y el líder del PSE volvió a chocar con Urkullu al recriminarle su discurso plurinacional en Córcega. Pero la sangre no llegó al río y el Gobierno ve su estabilidad blindada.
Más retos
En materia de autogobierno, con el Gobierno de Sánchez se han producido once transferencias pero Moncloa ha incumplido su calendario: queda una treintena. El histórico traspaso de prisiones no oculta la parálisis que se ha instalado tras el extraño episodio del Ingreso Mínimo Vital, que estuvo atascado año y medio en una negociación exasperante, y tras el aparente cambio de estrategia en el Gobierno español para centrarse en otras cuestiones. La consejera Garamendi insiste. La excepción al bloqueo podría ser el traspaso de las líneas de tren de cercanías, donde el PNV en el Congreso confía en hacer valer sus escaños.
A nivel económico, Urkullu confía en que sus gestiones en Alemania desemboquen pronto en buenas noticias para la planta de Mercedes Benz Vans en Gasteiz y, en lo sanitario, permanece vigilante ante las consecuencias que pueda tener en la presión hospitalaria (no en las UCI) el repunte del coronavirus, con lo que supone para el personal de Osakidetza. l
Los hitos
Acuerdos de país. El Gobierno vasco ha consolidado los acuerdos con la oposición a pesar de la mayoría absoluta de PNV y PSE. Le ha permitido rebajar la crispación política. Los acuerdos han fructificado también con EH Bildu, el principal partido de la oposición, en cuestiones como los Presupuestos de 2022, las bases educativas que servirán para redactar la nueva ley, y podrían repetirse en la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos que lleva Idoia Mendia.
Crecimiento económico. A pesar de los análisis que anticipan una recesión global, por ahora en Euskadi se mantiene una afiliación histórica a la Seguridad Social y se mantiene el crecimiento económico, que el Gobierno vasco califica de “sólido” aunque se haya notado una desaceleración en el consumo por los elevados precios.
Incertidumbres. La inflación y el impacto que pueda tener el coronavirus en la ocupación hospitalaria y el trabajo de los sanitarios son puntos a los que permanece atento el Gobierno.
