El lehendakari ha decidido acudir a la Conferencia de Presidentes con los líderes autonómicos que ha convocado Pedro Sánchez de manera presencial para el próximo 25 de febrero en La Palma. El encuentro se ha presentado desde Madrid como una muestra de solidaridad ante la crisis que provocó la erupción del volcán, y también servirá para abordar una agenda de cuestiones que complican un desmarque, como la situación epidemiológica, la recuperación económica, la ejecución de los fondos europeos y la modificación del reglamento de la propia Conferencia de Presidentes, además de la cooperación en Protección Civil que ya se había anunciado. Iñigo Urkullu ya participó en diciembre, por videoconferencia, en la convocatoria que él mismo solicitó a Sánchez para tomar medidas ante el ascenso galopante de la variante ómicron.
Urkullu recibió la invitación el viernes pasado. Tal y como adelantan desde su entorno a este periódico, el lehendakari no ha querido convertir esta convocatoria en un elemento de tensión, aunque hace unos días recriminaba a Sánchez que no ponga en práctica su voluntad para transferir las competencias que recoge el Estatuto de Gernika, y le pidió sin éxito que blindara los convenios vascos en la reforma laboral.
Pero Urkullu ha valorado estos días la agenda del encuentro y lanza la señal de que tampoco es de su gusto condicionar de manera sistemática su presencia en estas conferencias o desplazar el foco hacia la asistencia o no de Euskadi. El lehendakari ya amagó con plantar el foro de Sánchez en los veranos de 2021 y 2020, porque detectaba una intención de relegar los foros bilaterales de relación específica con Euskadi para concertar impuestos o fijar los límites de deuda y déficit. Estaban pendientes las convocatorias de la Comisión Mixta del Concierto Económico, y Urkullu se negó a participar en el foro multilateral de presidentes mientras no se respetara la bilateralidad. Por esa presión, finalmente se celebraron esas reuniones, así que ese asunto ya es agua pasada, y Urkullu acudió a las citas. En paralelo, se espera alcanzar en los próximos días un acuerdo sobre la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, todavía no cerrada.
La propia consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, se ausentó en noviembre de la reunión preparatoria de esta conferencia por la parálisis en la negociación de transferencias, pero sí acudió la semana pasada. Esto no es óbice para que pusiera sobre la mesa sus reivindicaciones a la hora de reformar el reglamento: trasladó a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, su malestar por no haber recibido la documentación en tiempo y forma, pidió que el reglamento recoja únicamente la capacidad de alcanzar recomendaciones en lugar de acuerdos, y reclamó que no se suplante la relación bilateral entre Euskadi y el Gobierno español. En cualquier caso, Garamendi se inclinó por no mantener una posición obstaculizadora en vista de que la aprobación de la propuesta requería de unanimidad, si bien se reservó el derecho de llevar esta cuestión nuevamente a la agenda de la próxima reunión.
Sánchez ha presentado estas conferencias como una muestra de cogobernanza con las autonomías y pretende multiplicarlas, pero la ausencia de información y trabajo previo con los presidentes ha sido una crítica muy generalizada. Esta crítica se ha extendido a las conferencias sectoriales en materia sanitaria, ya sea desde el PNV y los soberanistas catalanes o el PP.
Precisamente ayer, la ministra Isabel Rodríguez tuvo que responder a unas preguntas sobre la conferencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En referencia a Catalunya, dejó ver que espera la asistencia de “todos” los presidentes, incluido Pere Aragonès, y que su Ejecutivo trata de allanar que así sea con la convocatoria de la Comisión Bilateral para el próximo día 18, en Barcelona, y una vez pasadas las elecciones en Castilla y León.
Falta, por el contrario, reunir la mesa de diálogo sobre el conflicto político, que solo será convocada por Sánchez cuando existan acuerdos que se puedan ratificar en ella. En cualquier caso, desde el Govern han valorado que se aborden algunas cuestiones relevantes en la Conferencia de Presidentes en materia económica o epidemiológica, si bien su distancia es mayor en el capítulo de la protección civil porque reivindican sus competencias.
“El Gobierno espera que participen todos en la Conferencia de Presidentes, porque abordaremos cuestiones importantes, sobre todo la segunda parte referida a la recuperación, y no solo la pandemia. Ahí, tanto Catalunya como el resto de comunidades tienen un papel muy importante”, defendió Rodríguez. El Govern catalán ha reivindicado también los cauces bilaterales de relación, aunque estuvo igualmente presente en la conferencia de diciembre para abordar la situación del coronavirus. Eso sí, criticó las escasas medidas y la ausencia de trabajo previo.
Discreción. Bingen Zupiria fue parco en palabras. “Que yo sepa, no hay novedad”, dijo el portavoz del Gobierno Vasco cuando se le preguntó sobre la negociación de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, en un momento en que está a punto de expirar el ultimátum de dos semanas que lanzó el PNV a Pedro Sánchez. Desde la consejería de Autogobierno de Olatz Garamendi tampoco añaden más detalles y prima la discreción. En la relación entre los gobiernos, se hace lo posible por trabajar sin hablar de fechas y abstrayéndose de otras circunstancias. La intención de Garamendi es asegurar un traspaso íntegro y sin fecha de caducidad, un segundo elemento que ya parece que está claro. Desde el Ministerio de Política Territorial de Isabel Rodríguez, confirman a este periódico que aún están inmersos en los trabajos técnicos y siguen defendiendo que la propuesta que enviaron “satisface las expectativas” de Euskadi. Garamendi ve cuestiones mejorables.
“Desde el Gobierno convocamos a todas las fuerzas en esta segunda mitad de la legislatura”
Ministra de Política Territorial
