- La exdirigente de ETA Iratxe Sorzabal negó en el juicio que comenzó ayer en la Audiencia Nacional que participara en la madrugada del 2 de noviembre de 1996 en dos atentados cometidos en una farmacia y en el Palacio de Justicia de Gijón, que causaron daños materiales. Se trata de la única causa por la que fue entregada temporalmente el pasado 14 de enero a España por Francia, donde cumple condena tras haber sido detenida en 2015 en el país galo junto al exjefe de ETA David Pla, nombrado recientemente dirigente de Sortu.

Precisamente a la sede de la AN se personó un grupo de personas para apoyar a Sorzabal, entre los que se encontraban el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu y el senador de la misma coalición Gorka Elejabarrieta. El fiscal y las acusaciones ejercidas por la Abogacía del Estado y la AVT piden en sus conclusiones provisionales 46 años de cárcel.

La acusan de participar como miembro del comando Ibarla en los atentados al accionar sendos artefactos explosivos, a las dos y media de la madrugada en la farmacia del marido de la ex secretaria de Estado para Asuntos Penitenciarios, Paz Fernández Felgueroso, y sobre las seis en el Palacio de Justicia.

La acusada aseguró que se reconoció autora de los hechos como consecuencia de las torturas que sufrió por parte de la Guardia Civil tras ser detenida en 2001 en Hernani cuando trabajaba en Gestoras Pro Amnistía. En 1999 había sido expulsada por Francia, donde fue arrestada en 1997 y después de cumplir una primera condena en el país galo de dos años de prisión por su pertenencia a la banda terrorista.

Iratxe Sorzabal aseguró que en su primera etapa de relación con ETA hasta el verano de 1997 no se integró en ningún comando ni participó en atentados, sino que se limitó a realizar labores de información a la banda acerca de la presencia de controles en la frontera entre Irun y Hendaia para que activistas de la banda pudieran pasara a Francia. “Nunca he estado en Gijón ni en Asturias”, recalcó. Relató que tras su detención de 2001 quedó en libertad y huyó a Francia, donde esta vez sí se integró en la banda, hasta que fue detenida en 2015.

En la antesala del inicio del juicio, el domingo se hizo público un manifiesto suscrito por un grupo de ocho personas del ámbito internacional relacionadas con la mediación en conflictos, entre ellas el abogado sudafricano Brian Currin. En el escrito, reclaman al “poder judicial” que tenga en cuenta el actual “contexto político de paz”, así como el “papel crucial” de Sorzabal para lograrlo.

En la sesión de ayer, un inspector jefe de la Policía Nacional testificó que en 2002 se encontró en una casa de Castres (Francia) un manuscrito de Sorzabal en el que relataba a la banda lo que había declarado ante la Guardia Civil cuando fue detenida en 2001. El testigo explicó que la dirección de ETA obligaba a sus miembros a informar de lo que declaraban tras ser detenidos para alertar a otros posibles terroristas de si estaban siendo investigados por las Fuerzas de Seguridad.

La acusada reconoció que escribió dicha carta pero que lo hizo para relatar a la organización los malos tratos que recibió y que la llevaron a autoinculparse, así como a acusar falsamente a otras personas en acciones terroristas.