El Parlamento Vasco reclama un nuevo decreto de normalización del euskera

El pleno de la Cámara vasca ha debatido este jueves sobre este asunto, a propuesta de Elkarrekin Podemos-IU, formación que había presentado una proposición no de ley en la que planteaba modificar la normativa en materia lingüística.

La propuesta, que ha sido rechazada, incluía --entre otras cuestiones-- un emplazamiento al Gobierno Vasco para que revisara la normativa que regula los requisitos lingüísticos para acceder a la Administración pública, "a fin de ampliar las garantías jurídicas de los índices obligatorios para el establecimiento de requisitos en las ofertas públicas de empleo".

Asimismo, proponía revisar la normativa de normalización del uso del euskera y de "ordenación de la convivencia" entre hablantes, con el fin de adaptarla a la actual realidad social.

Elkarrekin Podemos también proponía impulsar un plan estratégico para "superar las desconfianzas que puedan existir en relación con el euskera entre la ciudadanía que considere como discriminatorio el requisito del euskera". La propuesta de E-Podemos planteaba, asimismo, "facilitar el acceso al aprendizaje del euskera a toda la población".

Tampoco han salido adelante las enmiendas de totalidad presentadas por PP+Cs --que reclamaba garantías para que en las oposiciones "no se produzcan situaciones de discriminación por el no conocimiento del euskera-- y Vox, que también solicitaba evitar convocatorias de empleo público que "discriminen o privilegien a persona alguna por sus conocimientos o no de euskera".

En lugar de estos textos, se ha aprobado una enmienda de totalidad del PNV y el PSE, en cuya votación se han abstenido EH Bildu y Elkarrekin Podemos, mientras que PP+Cs y Vox han votado en contra. La enmienda solicita que todas las instituciones públicas de Euskadi "continúen con la labor de normalización del euskera", con el fin de que esta lengua "ocupe el lugar que le corresponde en el día a día de la ciudadanía y se garanticen los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía".

A través de esta enmienda también se insta a las instituciones a que "sigan ejerciendo su legitimidad y competencia legal para establecer los perfiles lingüísticos y las preceptividades de los puestos de trabajo públicos, poniendo en el centro los derechos lingüísticos de la ciudadanía, respetando el ordenamiento jurídico".

El tercer punto del texto insta al Gobierno Vasco a "buscar y poner en vigor" un nuevo decreto que, tras el aprobado en 1997, contribuya a "seguir impulsando la normalización del euskera en el sector público y seguir avanzando en la capacitación lingüística de los trabajadores públicos".

SENTENCIAS "PREOCUPANTES"

En el transcurso del debate, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha subrayado la necesidad de reformar la "obsoleta" normativa que regula la normalización del uso del euskera, dado que de no adoptarse medidas en este sentido, existe el "riesgo" de perder todos los "avances" logrados en las últimas décadas en favor de la normalización del uso de la lengua vasca.

Gorrotxategi considera que la actualización de esta normativa es necesaria, no solo por los cambios sociales y tecnológicos que se han producido en Euskadi en los últimos años, sino también ante la necesidad de adoptar medidas frente a "preocupantes" resoluciones como la dictada en mayo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en la que se anuló, por "discriminatorio", el requisito del perfil lingüístico de euskera en la convocatoria pública de plazas para la Policía Local de Irun (Gipuzkoa).

El parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha recordado que el artículo seis del Estatuto de Autonomía de Gernika establece que "el euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas", así como que "las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta la diversidad sociolingüística del País Vasco, garantizarán el uso de ambas lenguas".

Urrutia ha subrayado que el que es "discriminado" no es el ciudadano al que se exige el conocimiento de una lengua oficial como el euskera para acceder a un empleo público, sino el ciudadano que no puede ejercer su derecho a emplear el euskera en sus relaciones con la Administración porque el funcionario que presta ese servicio no conoce esta lengua.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha recordado que tanto el euskera como el castellano son lenguas oficiales en Euskadi, y ha lamentado que a la hora de hablar de "discriminaciones", parezca que la que sufren los vascoparlantes que quieren utilizar el euskera en sus relaciones con la Administración pública "no es una discriminación".

Ubera ha subrayado que el euskera y el castellano "deberían tener el mismo tratamiento" en las administraciones del País Vasco, sin necesidad de entrar en consideraciones "identitarias" ni "nacionalistas".

"NI MONOPOLIO NI ARMA ARROJADIZA"

El parlamentario del PSE-EE Alberto Alonso ha reafirmado el compromiso de su partido con el euskera, del que ha advertido que "no debe ser monopolio del nacionalismo vasco ni arma arrojadiza del nacionalismo español".

Además, ha recordado que la Constitución Española constata que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección". En todo caso, ha afirmado que es necesario evitar que se produzca una "brecha" a la hora de acceder a un empleo entre quienes dominan la lengua vasca y quienes no la dominan.

El portavoz de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha asegurado que la legislación y la sentencia del TSJPV solo pretende garantizar un "equilibrio" entre el derecho a los ciudadanos a relacionarse en euskera con la Administración y el derecho que también asiste a los ciudadanos a acceder a un empleo público. Barrio ha acusado a Elkarrekin Podemos de tratar de "profundizar en la discriminación" de quienes no conocen el euskera.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha lamentado que haya quien en lugar de "acatar" una sentencia "contundente", como la del TSJPV, pretenda aprobar medidas para "evitar el necesario control judicial" destinado a combatir la "discriminación del castellano".