El Gobierno español ha comprobado este miércoles que su mayoría no es de hierro y tendrá que cuidarla. Ha evitado dos derrotas políticas y ha salvado los decretos que relajan la mascarilla y regulan los interinos, en ese último caso, tras una negociación exprés y por un solo voto. En la mascarilla, no hubo cesiones a los grupos sobre el cubrebocas a pesar del auge de la ola joven del coronavirus y el llamamiento de varios presidentes autonómicos a endurecer el uso. Supondrá que se mantenga sin cambios la regulación en vigor desde el 26 de junio, y que la mascarilla solo sea obligatoria en espacios cerrados, en el transporte público y cuando no sea posible garantizar un metro y medio de distancia con otras personas al aire libre, un matiz que ha traído cola y ha llevado a que determinados ámbitos sociales no cumplan.

Algunos partidos le dieron vía libre con poco convencimiento, solo por no volver a la anterior regulación que impide cualquier relajación (PNV, con su abstención). El PP se pasó al voto en contra acusando al Gobierno español de ser "imprudente" y optar por la inacción, al no aprobar tampoco una Ley de Pandemias que dé cobertura a las comunidades para adoptar restricciones. "Es la España de la variante Delta, el desgobierno y la descoordinación", zanjó Elvira Velasco.

Partidos como PNV y ERC, socios de Sánchez, se abstuvieron, y Vox también, aunque en su caso por razones políticas al mezclarlo con los indultos y asegurar que no será cómplice de la relajación de la mascarilla utilizada como cortina de humo (78 abstenciones en total). La ministra de Sanidad, Carolina Darias, admitió un problema con ciertas aglomeraciones pero insistió en que la ley no permite esos comportamientos, y se limitó a hacer "una llamada al cumplimiento de la norma". Es una forma de rectificar el error que supuso el entusiasmo de Sánchez el 24 de junio, cuando proclamó que eran las últimas horas "con mascarillas en los espacios exteriores". Darias dijo que la decisión ha sido "prudente" y se mantiene la "obligatoriedad".

LA VOTACIÓN

Darias salvó el decreto, por un lado, con 180 votos a favor (entre otros, del PSOE y Unidas Podemos, C's, PDeCAT y EH Bildu, en este último caso, con el argumento de que la evidencia científica demuestra que el riesgo al aire libre es mínimo, que ya se establece la prevención del metro y medio, y que no hay que establecer más restricciones que las estrictamente necesarias). Por otro lado, 90 escaños lo rechazaron, sobre todo, desde el PP, en sintonía con los llamamientos de Castilla y León y Andalucía a recuperar la mascarilla. Son llamamientos que también han llegado desde el Govern catalán, Cantabria, voces socialistas, y el lehendakari Urkullu, quien planteó por carta a Sánchez que el uso sea obligatorio en entornos urbanos y solo se flexibilice en ámbitos naturales sin concurrencia de personas. ERC aclaró que el decreto responde a un contexto concreto y la situación catalana ha cambiado. El PNV recordó que la exposición de motivos alude a la incidencia del virus, una percha para que se rectifique.

LOS INTERINOS

Sobre los interinos, la ministra María Jesús Montero asume ahora con voluntad de ceder la negociación que llevaba Iceta.? Este decreto pendió de un hilo hasta el último momento y prosperó por un voto. Se salvó tras el acuerdo entre los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. También lo hubo con ERC. PNV y Más País se abstuvieron, frente al rechazo de PP, Vox, C's, Bildu (recordó que la mayoría sindical vasca no lo respalda), Junts, PDeCAT y BNG, entre otros. En primer lugar se produjo un empate a 170 por el voto en conciencia de Rosa Medel, de Unidas Podemos, que se retiró en una segunda votación.

Montero apostó por limitar al 8% la interinidad y, en el acuerdo con ERC, contempla que las comunidades puedan establecer que sus oposiciones no sean eliminatorias. Se eximinará de las oposiciones a quienes hayan ocupado diez años la plaza sin que entre en concurso. Con el PNV, se apalabra eliminar que los interinos solo puedan cubrir plazas por jubilación. Se elimina el plazo para publicar nuevos procesos de estabilización antes del 31 de diciembre de 2021. Tendrán lugar cuatro meses desde la entrada en vigor.