El juez acredita que espiar a Bárcenas costó 53.266 euros

Según el magistrado, la investigación ha podido acreditar un total de 25 pagos realizados entre julio de 2013 y mayo de 2015 en relación con la colaboración prestada por el que fuera chófer del ex tesorero, Sergio Ríos, y los agentes de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional que participaron en la trama.

También ha quedado acreditado, según establece el juez De la Mata en su resolución, que personas y lugares del entorno de Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias fueron objeto de vigilancia entre el 25 de julio y el 11 de octubre de 2013; así como los días 22 de enero y 12 de febrero de 2014, "existiendo constancia documental de ello mediante notas de servicio".

Estas vigilancias fueron efectuadas por el Area especial de Seguimientos, Servicio Adscrito a la Unidad Central de Apoyo de la Comisaría General de Información. En ellas, se daba especial importancia a los objetos que portan las personas vigiladas, haciendo hincapié en tratar de describir expresamente "qué tipos de bolsos, bolsas o documentos portan las personas vigiladas o aquéllas con las que se relacionan o las entregas de documentos efectuadas o que suponen que podrían haberse llevado a cabo".

De esta forma, el magistrado De la Mata optó ayer por levantar el secreto sobre su parte de la pieza Kitchen, que mantenía para no perjudicar la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre ese operativo parapolicial que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo sería sustraer información sensible del PP al que fue su tesorero, Luis Bárcenas, para ocultársela a la Justicia.

Respecto a las derivadas políticas de este asunto, el PSOE tomó ayer la iniciativa para investigar la trama de espionaje y optó por presentar en el Congreso una solicitud para la creación de una comisión de investigación sobre las maniobras del Ministerio para hacerse con pruebas del ex tesorero que supuestamente incriminaban a la formación.

El pasado martes formaciones nacionalistas, independentistas y Más País-Equo dieron el primer paso y anunciaron que iniciarían contactos para presentar en sede parlamentaria la comisión de investigación de esta trama que ha vuelto a la palestra en los últimos días con las peticiones de Anticorrupción para imputar a Fernández Díaz y a la ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, y con la declaración del ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Ahora, los socialistas recogen el guante de los grupos minoritarios y se comprometen a impulsar la comisión, que también respaldan sus socios de Unidas Podemos.

En un primer momento, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, no reveló cuál sería la posición de su grupo parlamentario pero, según informaron ayer a Europa Press fuentes de Ferraz, finalmente han decidido ser los propios socialistas quienes registren en la Cámara Baja la petición para que se dé forma a dicha comisión de investigación de un caso que tiene muchas ramificaciones y en el que vuelve a aparecer la figura del comisario de Policía retirado José Manuel Villarejo.

Ahora, la previsión del PSOE es hablar de la iniciativa con su socio de Unidas Podemos, que se muestra en todo caso partidario de crear la comisión, y con los demás grupos parlamentarios, para asegurarse de que la propuesta cuente con un respaldo mayoritario. A priori, la investigación parlamentaria tiene los votos suficientes para salir adelante, ya que las formaciones que conforman el Ejecutivo español y los grupos minoritarios suman más votos que el bloque de la derecha.

En principio, incluso Ciudadanos no descarta su apoyo a esta comisión, pero su portavoz adjunto, Edmundo Bal, ya adelantó que también debería investigarse la financiación de Podemos, algo que el PSOE ha rechazado debatir en el Congreso.

Por su parte, la dirección del PP ve un doble rasero en la actitud de los socialistas, ya que abogan por una comisión de investigación de las supuestas actividades irregulares de los populares, pero rechazan a la par investigar la presunta financiación ilegal de Podemos.

En el seno de los de Pablo Casado recuerdan que la cuestión del espionaje a Luis Bárcenas está en una fase judicial preliminar, que hay precedentes de casos que quedan en nada y que en nada afecta a la dirección nacional actual comandada por Casado, que llegó a la presidencia del partido en 2018.

"Sánchez no busca diálogo, sino una rendición incondicional del PP"

Presidente del PP

"Cualquier Gobierno de España en los últimos 80 años ha sido mejor que el actual"

Presidente de Vox

"Propongo a la oposición unidad para desterrar la lucha partidista de la lucha contra el virus"

Presidente del Gobierno

"El PP está bloqueando la renovación del CGPJ de la manera más patética"

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