madrid - El Gobierno español envió ayer su requerimiento al president Puigdemont para que suspenda la hoja de ruta soberanista. En su intervención ante el Congreso de los Diputados, el presidente español, Mariano Rajoy, aseguró que bastaría con que Puigdemont le diga que no ha declarado la independencia, si bien el documento del requerimiento pide una rectificación total de la hoja de ruta soberanista y el regreso al marco autonomista.
En el documento, pide al president que aclare si alguna autoridad catalana ha proclamado la independencia, sin importar que esté en vigor o no. Esa respuesta debe llegar antes del lunes a las 10.00 horas. Si la respuesta es el silencio o la confirmación de que ha habido declaración de ruptura, pedirá a Puigdemont que “se revoque u ordene la revocación de dicha declaración de independencia a fin de restaurar el orden constitucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente, tendente a la declaración y configuración de Cataluña como Estado independiente del resto de España, con cumplimiento íntegro de las resoluciones del Tribunal Constitucional”. Esa última referencia al cumplimiento pleno de las decisiones judiciales es la que supondría una rectificación absoluta de los planes del Govern, porque afectaría a las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica. De hecho, en el requerimiento se mencionan también algunas reflexiones políticas sobre la ONU y a que el derecho a decidir no estaría reconocido en los países donde impere el Estado de Derecho, según el argumentario de la Moncloa.
El requerimiento tendrá que ser comunicado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para que restaure “el orden constitucional y estatutario”. En el probable caso de que el Govern no dé marcha atrás, el Gobierno español activará en el Senado el artículo 155. No precisa con qué alcance, sino que únicamente avanza que tomará “las medidas necesarias”. Madrid cree que este procedimiento está justificado por el incumplimiento “contumaz, deliberado y negligente” de las decisiones judiciales. - M.V.
