BILBAO - Las controvertidas peticiones de pena de la Fiscalía a los ocho jóvenes encausados por el caso Altsasu han cruzado fronteras y han llegado hasta el epicentro de la política europea. Representantes de PNV, EH Bildu, IU y Podemos presentaron ayer una iniciativa en el Parlamento Europeo en la que ponen sobre la mesa la “incorrecta trasposición” en el Estado español de la legislación europea que define el delito de terrorismo.
La instrucción del caso sobre la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre en un bar de Altsasu se ha ido enrevesando a medida que se conocían nuevos detalles. La jueza de la Audiencia Nacional asumió la investigación tras observar indicios de un delito de terrorismo al encuadrar la acción en la estrategia del movimiento Alde Hemendik para lograr expulsar de Euskadi a las fuerzas policiales estatales. En esa línea, el representante del Ministerio Público planteó recientemente penas de entre 12 y 62 años para los acusados.
La iniciativa, presentada por los eurodiputados Izaskun Bilbao (PNV), Josu Juaristi (EH Bildu), Marina Albiol (IU) y Xabier Benito (Podemos), pone en duda que las calificaciones realizadas por el fiscal encajen con las definiciones comunitarias sobre el delito de terrorismo y con la aplicación que hace el Código Penal sobre otros casos de agresiones contra agentes policiales. De esta forma, consideran que el Estado español no importa correctamente las leyes europeas y plantean la vulneración del artículo 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales, que hace referencia directa a la proporcionalidad de las penas.
En concreto, la iniciativa de los cuatro partidos solicita una respuesta escrita de la Comisión Europea a tres preguntas. Las dos primeras se refieren precisamente a la traslación de las previsiones comunitarias en el campo del delito de terrorismo y el ajuste de las penas al precepto recogido en la Carta de Derechos Fundamentales. Por último, en la tercera se interesan por los planes del órgano ejecutivo de la UE y la Unidad de Cooperación Judicial (Eurojust) para armonizar criterios en este terreno con la finalidad de evitar casos similares en el futuro.
Esta pregunta a la Comisión no es la primera acción que acometen sus firmantes para trasladar el caso Altsasu a las instituciones europeas. Anteriormente informaron de los hechos al presidente, Jean-Claude Juncker, y organizaron una visita de los padres de los jóvenes encausados a Bruselas. - X. Garmendia
