Gasteiz - Una de las más antiguas discusiones de la política vasca, y que ha separado históricamente a PNV y PSE, es la reclamación nacionalista de la competencia sobre la Seguridad Social, de tal forma que sea el Gobierno Vasco el que decida en torno a la pensiones que perciben los jubilados de la Comunidad Autónoma Vasca. El pacto para los próximos cuatro años señala, en ese sentido, que Euskadi reclamará la gestión íntegra de las prestaciones y políticas sociales “para diseñar una política integral y eficaz de garantía de ingresos única en toda la Comunidad Autónoma y que simplifique las ayudas y prestaciones”, un acuerdo que abarcaría sólo las pensiones no contributivas y que no rompería la hucha de la Seguridad Social por cuanto el importe de los subsidios lo seguiría fijando el Estado español. Eso sí, la ventanilla a la que deberían acudir los demandantes sí la gestionaría el Ejecutivo autónomo, también responsable de la recaudación de los fondos correspondientes.

Dentro de esa voluntad de unificar y optimizar las prestaciones de toda índole, se prevé, además, la actualización de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para cubrir las nuevas realidades sociales. Así, se efectuará un cálculo más individualizado de la renta y el patrimonio máximopermitido para acceder a la RGI, y se revisará la naturaleza de la unidad de convivencia y la de cada uno de sus miembros “de manera que mejore su protección”.

También se creará una Comisión Técnica Interinstitucional para optimizar todos los aspectos relacionados con esta prestación, se incentivarán los programas de formación y las ofertas de empleo a las personas potencialmente activas para evitar la cronificación de las ayudas, y se fiscalizarán las ayudas para minimizar los abusos.

pobreza energética Por otro lado, el acuerdo de coalición entre jeLtzales y socialistas contempla la aprobación de una normativa específica para combatir la pobreza energética, que según señalan “afecta a la calidad de vida, y a la dignidad y la salud de las personas”. - DNA

Pensiones. “Reclamar la gestión y la competencia de todas las prestaciones, subsidios y pensiones no contributivas que gestiona el Estado

para diseñar una política integral y eficaz de garantía de ingresos única en toda la Comunidad y que simplifique las ayudas y prestaciones”.

RGI. “Consolidar la RGI, revisando la naturaleza de la unidad de convivencia y la de cada uno de sus miembros, evitando que se puedan cronificar las situaciones de marginación social”.

Pobreza energética . “La situación de pobreza energética que afecta a sectores

vulnerables de la ciudadanía merece una atención específica de los poderes públicos”.