madrid - La empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, encargaba encuestas políticas y de intención de voto en los municipios de la Comunidad de Madrid en los que obtenía adjudicaciones públicas en materia de eficiencia energética, que estaban vinculadas, según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al pago de mordidas a sus cargos públicos. Así consta en un auto contenido en el sumario del caso Púnica, en el que se apunta que este tipo de sondeos se realizaron al menos en los municipios madrileños de Parla, gobernado por el PSOE; y Valdemoro, Brunete y Torrejón de Velasco, regidos por el PP.
En la resolución, fechada el pasado 23 de abril, el juez instructor considera “probado” que para lograr la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética la empresa Cofely se comprometía a realizar encuestas de opinión para las autoridades municipales que se trataban de disfrazar como sondeos sobre gestión energética. Sin embargo, según apunta el juez Velasco, las investigaciones sociológicas tenían “índole política” y “no tenían vinculación con el objeto de los contratos públicos suscritos por Cofely ni con la naturaleza de sus servicios”, ya que “servían técnicamente a los intereses de las autoridades políticas de los municipios donde se adjudicaban o se tenía previsto adjudicar los contratos”.
señoritos Para “materializar y pagar” estas encuestas, realizadas por la empresa TNS Investigación de Mercados y Opinión, la red Púnica acudía a las empresas del constructor David Marjaliza, socio y amigo de la infancia del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados. “Cofely tenía dificultades para justificar el pago de dichos servicios”, explica el juez. Al juez le llama la atención una conversación entre Marjaliza y el director de TNS, Víctor Manuel Sobrino, en el que utilizan “un lenguaje convenido entre ambos” para referirse a la localidad como “el pequeño municipio” y a las autoridades locales como “los señoritos”. Este aspecto, según Velasco, es “extraño en una relación comercial normal”, a no ser que ambos estén “al corriente de aspectos no convencionales en el encargo de un servicio de encuestas”.
En el auto también consta las pullas de Granados hacia Esperanza Aguirre, de cuyo gobierno formó parte, “Una pena. Ya me ha fastidiado el fin de semana con el disgusto”, afirmó el exconsejero madrileño Francisco Granados a su mujer en sendos SMS cuando se enteró de que la Audiencia de Madrid elevaba a delito el incidente de tráfico de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.
Granados se enteró el pasado 5 de septiembre de que la Audiencia había calificado de delito el incidente a través de su mujer, que le envió un mensaje esa mañana diciendo: “La Audiencia de Madrid califica de delito el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre. Qué pena...”, según la transcripción de los SMS que figuran en el sumario del caso Púnica.
Dos horas después, sobre la una de la tarde, Granados le mandó otros dos mensajes a su mujer, Nieves Alarcón, un primer SMS en el que escribió “Una pena” y otro que añadía: “Ya me ha fastidiado el fin de semana con el disgusto”. - Efe/E.P.
