vitoria. En el último minuto. El PNV arrancó ayer al Gobierno de Mariano Rajoy un acuerdo por el que se blinda de manera definitiva el respeto de la reforma local que tramita el Ejecutivo español en el Congreso de los Diputados a las especificidades del régimen foral de los territorios vascos. Este compromiso implica dos cosas en esencia: que los ayuntamientos vascos podrán sortear la tutela financiera y el control del Ministerio de Hacienda, y que tendrán un margen mucho más flexible que el resto de municipios del Estado para establecer el coste de los servicios que prestan a los ciudadanos, y por ende su calidad, así como para nombrar a sus funcionarios y establecer las retribuciones de sus empleados y concejales.
El texto, ya cerrado, fue formalizado minutos antes de que el Congreso votara las enmiendas a la totalidad que los grupos de la oposición presentaron al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como reforma local. A consecuencia de dicho compromiso entre el PP y el PNV, los jeltzales retiraron su enmienda a la totalidad, ya que hasta llegar al acuerdo de ayer, el Ejecutivo de Rajoy había incumplido su propia propuesta de resolución, la única aprobada en el último debate del estado de la nación, que reflejaba que la ley iba a respetar la singularidad del entramado institucional vasco.
No fue así. Cuando después de muchos meses el Consejo de Ministros aprobó el texto, las esperanzas se vieron frustradas porque este solo hacía referencias genéricas al régimen foral. Hay que tener en cuenta que el rechazo a la reforma foral -solo defendida por el PP pese a que muchos de sus alcaldes no comulgan con el ataque que supone a la autonomía municipal- unió a la práctica totalidad de las instituciones y sensibilidades políticas de la CAV, con la sola excepción de los populares vascos.
El proyecto de ley, que hace tábula rasa de todos los ayuntamientos -incluso los eficientes, como es el caso de la mayoría de los de la CAV-, pretende ahorrar 8.000 millones de euros en dos años, según sostiene su impulsor, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
coste efectivo El acuerdo se ha plasmado en dos enmiendas -que ya figuran en el texto del proyecto de ley que se sigue tramitando en el Congreso- que fueron suscritas por los portavoces de los grupos parlamentarios del PNV y del PP, Aitor Esteban y Alfonso Alonso, respectivamente. Gracias a ellas, recordó Esteban, se adecua el texto a lo que marcan el Estatuto de Gernika y la Ley del Concierto Económico. Asimismo "reconoce la tutela financiera" de las diputaciones forales y que la interlocución de los ayuntamientos vascos será únicamente con los entes forales, no con el Ministerio.
La implicación de estos cambios para los municipios será una cuestión clave: que las diputaciones podrán atenuar los recortes que vienen desde Madrid y adecuar los principios que establecerá el Ministerio "a las circunstancias concretas del País Vasco", según señalaba ayer Aitor Esteban. Esto afecta también al coste efectivo, el coste máximo al que se deberán adecuar los servicios que ofrecen los ayuntamientos -basuras, cementerios, servicios sociales, polideportivos, etc.- si quieren seguir prestándolos. Ello supone que serán las Diputaciones las que establecerán estos baremos, en función del coste medio de los servicios que se prestan en la CAV -mayor en términos generales, acorde con su superior calidad- y no Madrid, por lo que será más difícil que los consistorios pierdan competencias.
alivio en araba El acuerdo también establece que será en Euskadi donde se seleccionará a los funcionarios, incluidos los secretarios y tesoreros, y donde se decidirán las retribuciones de funcionarios y concejales, lo que permitirá adecuarlas al nivel de vida de la CAV. Se blinda asimismo el futuro y viabilidad de los 335 concejos alaveses, una institución con mucho arraigo en ese territorio. No obstante, el PNV no ha visto satisfechas todas sus demandas y seguirá negociando en el trámite de enmiendas cambios en lo relativo a los consorcios, mancomunidades y competencias impropias de los ayuntamientos.
