Las grandes cadenas de distribución tienen una responsabilidad clave en garantizar que los productos que ofrecen cumplan con estándares de calidad, sostenibilidad y respeto por los derechos humanos. Sin embargo, en la alimentación, como en la industria textil, la competencia no siempre es justa, y precios sospechosamente bajos pueden ocultar vulneraciones de derechos laborales, normas ambientales y falta de transparencia.
Cuando hacemos la compra, confiamos en que lo que encontramos en los supermercados ha pasado controles rigurosos, pero ¿realmente es así? Recientemente, me encontré con un caso que ilustra esta problemática. Dos marcas de tarros de conserva de bonito compartían un espacio preferente en el lineal de un supermercado, pero con precios diametralmente opuestos. Una de ellas, de una marca local reconocida, indicaba claramente “Bonito del Norte” en su etiquetado; la otra, de una marca menos conocida, usaba el término genérico “Bonito” y costaba la mitad.
A simple vista, podría parecer que se trata del mismo producto con diferencias en eficiencia productiva, pero no es así. En muchos casos, la denominación genérica encubre la comercialización de melva, una especie más barata que nada tiene que ver con el bonito del norte (Thunnus alalunga). Esta práctica induce a error al consumidor y se agrava cuando el diseño del envase sugiere una falsa equivalencia entre productos de calidades muy distintas.
El problema no es solo el etiquetado engañoso, sino también las prácticas que permiten que estos productos lleguen a las estanterías con precios anormalmente bajos. La globalización de los mercados ha fomentado el dumping social y ambiental, permitiendo que muchos productos tengan su origen en países con normativas laborales y ecológicas más laxas. Así, lomos de bonito, melva o atún provenientes de Asia llegan a nuestros lineales a precios de derribo porque las condiciones laborales y medioambientales allí no se equiparan a las que tienen que cumplir las empresas europeas.
Esto tiene consecuencias devastadoras: se fomenta un sistema de explotación laboral y depredación ambiental, al tiempo que se castiga a las empresas que cumplen con los estándares de sostenibilidad y derechos humanos, pero que tienen dificultades para competir en precio.
Es especialmente preocupante el uso de símbolos de procedencia local en conservas de atún, como la Ikurriña, cuando la única vinculación con Euskadi o Navarra es el envasado. Esto puede ocultar que la materia prima proviene de proveedores asiáticos con normativas ambientales y laborales mucho menos exigentes que en Europa. Cuando estos productos comparten estantería con otros de origen local y están etiquetados con distintivos de proximidad, como consumidoras podríamos asumir erróneamente que estamos comprando un producto de cercanía, cuando en realidad estamos apoyando un modelo que debilita la industria local y refuerza cadenas de suministro opacas.
Nadie da duros a peseta: si un producto procesado en Europa se vende a un precio mucho más bajo que otro similar, el ahorro no proviene de una mayor eficiencia, sino de la compra de pescado a proveedores que no garantizan condiciones de trabajo dignas ni pesca sostenible. Esto perjudica directamente a las empresas que respetan las normas medioambientales y sociales, pero que no pueden competir en una guerra de precios impuesta por quienes las incumplen.
La deslocalización de la materia prima no es un problema en sí mismo, pero sí lo es cuando se utiliza para sortear regulaciones diseñadas para proteger el medio ambiente y los derechos laborales o para inducir al engaño a los consumidores. Por eso es clave que las grandes superficies no miren hacia otro lado ni se escuden en la demanda del mercado. Son ellas las que deciden qué productos llegan a los estantes y, por tanto, tienen el poder y la responsabilidad de exigir a sus proveedores el cumplimiento de criterios éticos, de sostenibilidad y transparencia.
La Unión Europea tiene que reforzar los controles para evitar que productos que no cumplen con las normativas europeas inunden el mercado. Existen mecanismos regulatorios, como el Reglamento sobre la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), que podrían mejorarse para garantizar que los productos pesqueros que acceden al mercado común respetan las normativas vigentes. Además, las autoridades competentes deben intensificar la vigilancia y aplicar sanciones disuasorias contra quienes incurren en prácticas de competencia desleal; y también es fundamental que los tratados de libre comercio con terceros países no se conviertan en un coladero para la entrada de productos que no cumplen con los mismos requisitos que los europeos.
Ahora que la Comisión Europea ha presentado las líneas generales de la nueva normativa ómnibus, desde Bermeo Tuna World Capital esperamos que la reforma sea ambiciosa a la hora de reducir la burocracia y mejorar la competitividad de las empresas europeas, pero nunca en detrimento del level fair play. No podemos permitir que el acceso al mercado europeo se relaje hasta el punto de facilitar la entrada de productos que no cumplen con las mismas condiciones que los de las empresas europeas. Ser competitivos no puede traducirse en abrir la puerta a la pesca ilegal o a prácticas laborales y ambientales inaceptables.
Como consumidoras también tenemos responsabilidad en nuestra elección de compra. Exigir información clara y tomar decisiones fundamentadas es parte del compromiso que debemos asumir si queremos contribuir a un mercado más justo y sostenible. Pero esta carga no puede recaer exclusivamente en quien compra: las grandes cadenas de distribución pueden y deben cambiar el rumbo del mercado promoviendo proveedores responsables y asegurando que la información al consumidor sea veraz y transparente.
Por eso, desde Bermeo Tuna World Capital hacemos un llamamiento a las empresas de distribución para que asuman un papel activo en la construcción de un mercado más justo y sostenible. No se trata solo de imagen o reputación corporativa; es una necesidad urgente si queremos garantizar que el progreso económico no deje un rastro de injusticia y destrucción. La transparencia y la trazabilidad deben ser estándares innegociables, y no simples estrategias de marketing. Solo así podremos asegurar que el sector pesquero y conservero sigan siendo una fuente de riqueza y empleo, sin comprometer el futuro de nuestros mares ni los derechos de quienes dependen de él.
Directora general de la Asociación Bermeo Tuna World Capital
