La decisión dictada ayer por el Tribunal Supremo mediante la que la Sala de Apelaciones rechaza la puesta en libertad del exvicepresidente del Govern catalán Oriol Junqueras supone una insólita interpretación de carácter puramente político de los hechos sucedidos en los últimos meses en Catalunya y, al mismo tiempo, significa una intervención más que dudosa de la condición democrática en la política y en las instituciones y sus legítimos representantes elegidos en las urnas. La tesis fundamental del auto, aprobado por unanimidad de los tres magistrados que integran la sala, es que existe riesgo de reiteración delictiva por parte de Junqueras ya que, según argumentan, no ha abandonado la vía unilateral para conseguir la independencia de Catalunya. Y por eso lo mantienen en prisión. Curiosamente, la resolución judicial hace, por una parte, un inusitado ejercicio de asunción del clásico aforismo excusatio non petita, accusatio manifesta. Así, los jueces alegan que la opción independentista es “legítima” y, por tanto, afirman, no se está persiguiendo la disidencia política. Insisten, además, en que en este caso “no puede hablarse de presos políticos”. Pero el argumento tiene trampa ya que, según se colige del texto, se puede defender la independencia pero no alcanzarla y, además, el hilo argumental central es que existieron “actos de violencia” durante el proceso, de los que se culpa a Junqueras aunque se admite que ni participó en ellos ni dio órdenes directas para que se ejecutaran. Por otra parte, los magistrados niegan credibilidad al por otra parte probado compromiso del acusado con el civismo, la concordia, la paz y la no violencia, así como su apuesta por el diálogo y la bilateralidad. Si, tal y como argumenta, el Supremo no se cree la apuesta democrática y pacífica de Junqueras, la ciudadanía, con la misma legitimidad, puede no creerse la floja argumentación jurídica del tribunal, sus conclusiones y su imparcialidad. En definitiva, no por esperado el auto del Supremo supone un nuevo y democráticamente inexplicable acto de judicialización de la política que, además, tiene el efecto de limitar la acción institucional de Junqueras -para la que fue elegido por la ciudadanía catalana-, con lo que ello supone de restricción de derechos personales y colectivos. Con esta decisión, en todo caso, Catalunya prolonga un inmenso bucle jurídico y político.
