Hay cada día más voces que reclaman un adelanto de las elecciones generales porque consideran finiquitada ya la presente legislatura de Mariano Rajoy. Entre los fundamentos que se manejan en este sentido está, por un lado, la constatación de que la actual composición de las Cortes Generales, con la mayoría absoluta del PP, no responde a la realidad política actual ni al verdadero respaldo electoral con que cuentan hoy las diversas formaciones políticas. Por otro lado, derivado de esa realidad, está también la necesidad perentoria que expresa la sociedad de un cambio radical en las políticas gubernamentales que han caracterizado la actual legislatura. En el aspecto socioeconómico, porque la receta de la austeridad y el recorte de prestaciones, inversiones y servicios no sirve al inicio de un ciclo de crecimiento como el que el propio Gobierno anuncia. En el ámbito de la estructura de Estado, porque el diseño recentralizador de Rajoy no responde a la realidad plurinacional ni a las exigencias de mayor autogobierno y reforma constitucional para un encaje distinto que emanan de Catalunya y Euskadi. Y en el campo de la responsabilidad política, porque el Ejecutivo central no puede mantener su inoperancia en la culminación de la paz y la normalización tras dejar pasar toda una legislatura sin reflejar en su gobernanza el nuevo tiempo sin violencia. Por si esto no fuera suficiente, las últimas elecciones municipales y autonómicas han hecho más que evidente el retroceso electoral del PP, que se sabe incapaz de renovar su actual mayoría e incluso vería seriamente cuestionada la posibilidad de formar gobierno de nuevo. Así las cosas, pretender alargar la legislatura y forzar la aprobación de unos Presupuestos para 2016 que posteriormente deberían ser rehechos por cuanto ningún gobierno, ni siquiera de coalición con el PP, podría asumir como propias y sin alteración esas cuentas supondría añadir todavía mayores dificultades para el arranque de la nueva etapa política. Por el contrario, de convocarse las elecciones antes de final de este mes de julio y, por lo tanto, celebrarse los comicios en setiembre, el nuevo gobierno tendría tiempo suficiente para presentar sus propias cuentas. El adelanto es, en definitiva y más allá de cálculos partidistas, una mera cuestión de responsabilidad.
