ASPIRABA a no escribir en este espacio sobre la regulación legal del aborto. Aspiraba a ello porque me parece una decisión tan difícil y tan dura para la mujer que se enfrenta a ella que considero que no soy nadie para pontificar al respecto. Por extensión, tengo el convencimiento moral de que la ley reguladora debe establecer un marco jurídico y sanitario seguro que permita a las mujeres decidir y actuar informada y libremente y con garantías sanitarias. Por todo ello, me resulta incomprensible que ningún Gobierno decida legislar en esta materia desde el Ministerio de Justicia. Más incomprensible aún, por no decir una bajeza moral, es que algún ministro de ese Ejecutivo se haya permitido ligerezas declarativas, que no repetiré, sobre las mujeres que deciden abortar. Y el colmo de la absoluta carencia de cultura democrática es pretender imponer a toda una sociedad vía ley una moral, por legítima y respetable que ésta sea. Pero cuando pensaba que la caída al pozo había concluido, leo que el ministro antes conocido por su progresía de salón ha acompañado su anteproyecto de una memoria en la que defiende el impacto económico positivo de su reforma legal al incrementar, se supone, los nacimientos. No es que el argumento sea falaz a la luz de los datos del propio Ministerio de Salud -con la actual ley, en vigor desde 2010, los abortos se redujeron un 5% en 2012- o de organismos internacionales como la OMS, sino que desvela la perversidad moral de quien presume de beatitud para ocultar la miseria de quien concibe la vida y a los seres humanos en términos monetarios.
