Se ha cumplido un mes desde la intervención de Estados Unidos en Venezuela que incluyó la destitución y deportación a Estados Unidos de Nicolás Maduro. En los últimos días se constata que la operación, ilegal y unilateral, ha servido no obstante para detener la persecución más descarnada contra la oposición y para abrir las prisiones donde sufrían represión los presos políticos. Es un alivio innegable para una sociedad exhausta, que comienza a reencontrar voces silenciadas. Pero aún falta que esas voces recuperen su espacio público y sería un error confundir este deshielo con una primavera democrática. Porque, mientras se derriban algunos muros, otros se refuerzan. El poder efectivo permanece en manos de las mismas estructuras: partido, cúpula militar, servicios de inteligencia y élites empresariales que crecieron a la sombra del chavismo. El relevo en la jefatura del Estado no ha traído un calendario de transición, ni garantías de elecciones libres, ni un papel reconocido en el diseño de la democracia venezolana para quienes han sostenido durante años esa demanda de cambio desde la cárcel, el exilio o la resistencia cívica. Y deben tenerlo sin esperar por conveniencia ajena porque, ahora mismo, la nueva arquitectura del poder se construye sin contar con quienes pagaron el precio más alto por exigir democracia. La prioridad ha sido el subsuelo petrolero del país. El Parlamento ha aprobado una profunda reforma del marco de hidrocarburos que busca un regreso masivo de las grandes compañías internacionales, relega a la nacional PDVSA y rebaja exigencias fiscales y de control público. Hay urgencia por reactivar una economía arrasada, pero el riesgo de sustituir una oligarquía bolivariana por una colonización económica tutelada desde el exterior está lejos de ser una hipótesis académica. La riqueza sin instituciones sólidas y mecanismos de control no derrama bienestar sino oligopolios. Por eso, el relanzamiento del país debe someterse a un escrutinio objetivable, apoyado en organismos independientes –ONU, OEA, paneles de expertos– que auditen contratos, ingresos y destino social de la renta petrolera pública. Solo así la mejora de la vida cotidiana de los venezolanos dejará de ser secundaria ante la conveniencia de intereses económicos vinculados al poder político estadounidense.