El asesinato de siete cooperantes de la organización humanitaria World Central Kitchen (WCK) en un ataque del ejército israelí contra su convoy es uno homicidio más que debería obligar a la opinión pública mundial y a los líderes y responsables políticos que rinden cuentas ante ella a encarar la realidad de una estrategia que alcanza ya el grado de genocidio en Gaza. Estos siete cooperantes asesinados elevan a 200 el número total que han dejado sus vidas cuando realizaban una labor humanitaria pero, con lo escandaloso del dato, son solo una gota en el océano de cerca de 110.000 víctimas, entre muertos y heridos, que la operación de castigo del Gobierno de Benjamin Netanyahu ha causado ya en la Franja palestina. De ellos, 33.000 son víctimas mortales y los propios datos del ejército hebreo admiten que al menos tres de cada cuatro de ellos eran civiles, aunque son datos de fiabilidad cuestionable según fuentes israelíes como el diario Haaretz, que considera que el ejército se justifica con una interpretación muy laxa al asignar la categoría de terrorista a sus víctimas. La credibilidad del gobierno israelí cuando sostiene que el último ataque no ha sido más que un error se desvanece cuando su voluntad manifestada ha venido siendo impedir el suministro de ayuda a la población gazatí, contra la que utiliza el hambre y la enfermedad como arma que se cobra vidas por decenas entre los más débiles. Netanyahu y su cadena de mando han asentado la convicción de que el exterminio de la ciudadanía palestina en Gaza es una herramienta justa y equilibrada para eliminar a Hamás. Las acciones criminales del grupo terrorista fueron el detonante de esta intervención pero no hay amparo posible en el derecho a la defensa para los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el aparato gubernamental y militar israelí. El amparo internacional a la población palestina es un deber ético que tiene que manejar herramientas eficaces. Entre ellas, el soporte en materia de derecho internacional que debe aportar el reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo palestino materializada en un Estado viable y reconocido. El momento de las lamentaciones terminó hace tiempo y todo lo que no sea un compromiso cierto de las potencias económicas y políticas con el fin de la matanza merecerá el reproche constante.
