La satisfacción del PP con su movilización del domingo en Madrid y la instrucción contra el fiscal general no oculta sus peligrosas carencias. Faltó el domingo la representación de las abrumadoras mayorías sociales de amplios territorios del Estado (más allá incluso de las evidentes de Euskal Herria y Catalunya). Faltó proyecto de desarrollo, estabilidad y bienestar y, lo que es peor, de convivencia. Se ajustó a la demanda de la ultraderecha de hacer ingobernable la legislatura. Irrespirable el ambiente político con la criminalización de cualquier divergencia o sensibilidad discrepante. La ligereza con la que se construye opinión de espaldas a las garantías jurídicas y procesales de un estado de derecho constituye un ataque al ejercicio de la política en libertad. Convendría caer en la cuenta de que “hacer ingobernable” una democracia supone bloquear el funcionamiento normal de sus instituciones legitimadas por principios de igualdad, libertad y sometimiento al derecho. La actuación de la derecha nacionalista española trasciende la legítima discrepancia con un Gobierno.
Más aún ante la pretensión de suplantarlas mediante la crispación en la calle. Las dudas o reproches que cabe hacer a la gestión del Ejecutivo de Sánchez tienen un carril democrático sustanciado en los poderes Legislativo y Judicial. Fue la actuación de estos la que, en su día, precipitó la caída de un gobierno liderado por un partido, el PP, condenado por corrupción. La equivalencia con la situación actual no existe en este momento procesal. Tampoco en el caso del fiscal general, que debe elegir si preservar la institución o su presunción de inocencia. Menos aún, a la vista de la sistemática difusión de desinformación para construir la percepción de que los procesos garantistas en democracia –especialmente en el ámbito penal– deben ser reemplazados por la aniquilación del rival desde la presunción de culpabilidad con la difusión de susurros a gritos. La carta de presentación del PP en las calles de Madrid el domingo fueron el revanchismo, la negación de la diversidad social y cultural en el Estado y de aceptación de que todo vale para hacerse con el poder, pero sin un proyecto de gobierno. Si el indicio de este proyecto es el relato, el eslogan y la praxis autonómica del PP, éste empuja a la sociedad a una pendiente que amenaza la convivencia.
