En medio de la turbulencia económica, la semana ha servido para sellar acuerdos bilaterales del Gobierno Vasco y del foral de Navarra con el de Pedro Sánchez en materias que aportan la doble virtud de la consolidación bilateral del modelo de pacto y la definición de un procedimiento de interrelación que aportará estabilidad por su viabilidad para el futuro. La reforma de la Ley del Convenio, que incluye la concertación de impuestos a multinacionales y banca, acordada con Navarra el pasado martes, se vio complementada ayer mismo en el Congreso con la ratificación del consenso anterior entre los gobiernos vasco y del Estado relativo a estos mismos impuestos y a varios más. Además, la Comisión Mixta del Concierto sirvió para dar carta de naturaleza al aumento del margen de deuda, la garantía no que la quita de deuda autonómica no incrementará el Cupo y una mayor visibilidad de la realidad fiscal vasca en Europa, con participación directa en sus órganos. El dibujo general que sale de todas estas actuaciones incide directamente en la consolidación de los modelos de soberanía foral en el ordenamiento del Estado, de su convivencia sin riesgo con el marco general del mismo y ratifican la vía bilateral que constituye un reconocimiento entre partes en medio del ruido que recurrentemente sitúa la especificidad foral en tela de juicio por parte de intereses ajenos a los de la ciudadanía a la que ampara. El ejercicio de esa bilateralidad permite además que los puntos de avance experimentado en la negociación con las administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco sirvan para establecer la base de su traslación a la foral de Navarra en aquellos puntos aún no concretados, como la participación en Europa, y viceversa, llegado el caso. Por ello, la importancia de este modus operandi trasciende los intereses particulares de alaveses, guipuzcoanos, navarros o vizcaínos al acreditar la fórmula del consenso como eje de sostenibilidad. No es un extremo menor, en tanto la amenaza que se cierne sobre él está relacionada con la sensibilidad del gobierno de turno en el Estado. La discrepancia ideológica no ha alcanzado nunca a la regresión de los derechos históricos, pero tampoco nunca antes fue tan explícito el objetivo de una tercera fuerza política en el Estado –Vox– de liquidar esos derechos.