La comisión de investigación habilitada en el Congreso para indagar las implicaciones políticas de la denominada operación Cataluña había despertado expectación ante las comparecencias del expresidente Mariano Rajoy y el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, que tenían en sus manos los mecanismos que presuntamente se activaron para espiar y desacreditar a políticos de la oposición. La sesión se desarrolló dentro de unos parámetros previsibles, con la negación constante de los interrogados de cualquier participación en la trama de espionaje y su rechazo a su mera existencia. Previsible era la actitud del exministro de Interior, que en 2026 será juzgado, por prácticas equiparables a las denunciadas en el Congreso, en el denominado caso Kitchen. Su derecho a negar es el de todo acusado. Sí se echa en falta en todos estos asuntos un mayor compromiso con la verdad y el desempeño democrático que reivindicaba para sí el propio Mariano Rajoy. En estos momentos está en instrucción judicial por parte del juez Santiago Pedraz, que ha hallado indicios suficientes para investigar una denuncia por espionaje extrajudicial perpetrado por aparatos del Estado contra 69 diputados de Podemos. En el transcurso de la instrucción de este caso la Unidad contra la delincuencia organizada (UDEF) ha admitido que, aunque no habría iniciado oficialmente acciones de investigación de políticos, sí recibía informes anónimos al respecto. Además, sobre el número 2 de Fernández Díaz en la Policía ya recayó una condena por introducir pruebas falsas en la investigación contra Jordi Pujol. Parecen elementos suficientes para exigir un mayor ejercicio de colaboración y una menor petulancia a la hora de ironizar con el asunto. Si verdaderamente hay un compromiso con el procedimiento democrático, debería preservarse su desarrollo y la imagen de las instituciones públicas. La policía patriótica organizada durante el período de gobierno del entonces presidente del Partido Popular, suma indicios para ser considerada más que un eslogan y para cuestionar su actuación. El desmarque personal o la apelación de responsables públicos a no tener constancia de los hechos ya tuvieron su precedente en un proceso que concluyó con la condena a este partido por beneficiarse de una trama corrupta. No estaría de sobra algo más de humildad.