Con un inusual consenso de los partidos políticos, la ley destinada a mejorar la atención y garantizar el bienestar y dignidad de las y los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) pasará los filtros legislativos y se prevé que esté definitivamente aprobada por el Senado en el plazo de tres semanas. Con el margen de mejora propio de una tramitación parlamentaria que permitirá entrar al detalle sin los debates estériles que se han hecho lamentablemente habituales y acaban bloqueando y distrayendo la eficiencia del legislativo, la nueva norma afronta la asistencia integral y la agilización de trámites y aplicación de baremos de dependencia ante una enfermedad incapacitante que demanda de medidas específicas. Pero si algo debe tener la experiencia que llegará a buen término es la capacidad de acreditar que debe haber actuaciones políticas e institucionales a las que se debe proteger del ruido político. La función primordial de las instituciones en democracia –y los partidos son centrales en el modelo representativo– es encarar y aportar soluciones a las necesidades sociales en materia de bienestar colectivo y de todos los colectivos. En el caso que nos ocupa, las conclusiones compartidas en relación a las más de 4.000 familias que conviven con esta enfermedad neurodegenerativa en el Estado debería ser la puerta abierta para extender el criterio a otros casos y otros asuntos. Blindar la convicción de que es preciso adaptar los modelos sociosanitarios y los servicios asociados a él a situaciones de dependencia como la ELA, cada vez más comunes en tanto el proceso de envejecimiento de la población conlleva nuevas necesidades para afectados y cuidadores. Los mismos principios y criterios que han concluido en la necesidad de disponer de una ley específica en este caso deben inspirar la actuación general en materia de dependencia por razón de enfermedad o vejez. Que sea o no preciso elaborar una panoplia de leyes específicas de cada circunstancia será un criterio a valorar, pero lo que no debería ser objeto de discusión, ni mucho menos de dogmatismo ideológico, es la corresponsabilidad social que se articula en términos de solidaridad y deriva en un principio de justicia y cohesión del colectivo de la ciudadanía hacia sus miembros más dependientes. La utilidad de la política se justifica y reivindica en actuaciones como esta.