La actual campaña electoral está consolidando una peligrosa práctica dialéctica de descrédito del rival mediante la manipulación de hechos y datos sin caer en la cuenta o, lo que es peor, asumiendo que se está mintiendo a la ciudadanía. El caso de Alberto Núñez Feijóo y el aplomo con el que ha sostenido que con su partido, el PP, los pensionistas no han perdido poder adquisitivo, porfiando incluso los datos objetivos a preguntas de los periodistas, es palmario. Lo mejor que cabe interpretar para sus intereses es que carecía de la suficiente información al respecto, lo que ya sería de por sí una inoperancia. Pero es que el falseamiento de la verdad es una estrategia demasiado constatada en otros procesos electorales en las democracias desarrolladas como para dar el beneficio de la duda. Las derechas británica, italiana, francesa o estadounidense han manejado los sentimientos de la opinión pública con campañas de desinformación conscientemente incorporadas a su estrategia electoral. No es solo que se incumplan promesas previas sobre con quién o con quién no se va a pactar una mayoría para gobernar, sino que se criminaliza al adversario, se sostiene una realidad falseada para incentivar el voto favorable y desincentivar el crítico. Se está deteriorando por ese camino la fiabilidad de la democracia, que se basa en la legitimidad que aporta la participación ciudadana y en la capacidad del poder soberano de conocer con certeza los hechos de la gestión de sus representantes. Su falseamiento alimenta el desánimo y distancia a la ciudadanía hasta debilitar a la propia democracia. La contaminación del discurso con inexactitudes interesadas o mentiras abiertas no es exclusiva de la derecha. La sistemática apelación a la pérdida de condiciones de bienestar está en el discurso de las izquierdas y calca la estrategia del extremo opuesto. Así sucede cuando se agitan recortes en los servicios públicos, ocultando el incremento de recursos para la educación o la sanidad, sin ir más lejos en Euskadi. Nadie va a comprobar que el gasto per cápita en salud sigue creciendo o que se dedicó el año pasado al apartado un 10,2% del PIB vasco, cuando en 2018 no pasaba del 8,8%. Son los representantes políticos los intermediarios entre los hechos y la ciudadanía y, cuando los manipulan en beneficio propio, están cometiendo un fraude.