l lehendakari, Iñigo Urkullu, hoy en funciones, será investido otra vez en su cargo para una nueva legislatura el próximo 3 de septiembre si todo marcha como está previsto. Dos días después, el 5 de septiembre, Urkullu tomará posesión de su cargo en la Casa de Juntas de Gernika y si se cumple la norma no escrita, ese mismo fin de semana se conocerán los nombres de las consejeras y consejeros de su Gobierno, que tomarán posesión el lunes 7 y asistirán al primer Consejo de Gobierno el martes día 8. Menos de dos meses después de la celebración de las elecciones al Parlamento Vasco, meses especiales por otra parte, el nuevo Ejecutivo vasco estará ya en marcha para afrontar los grandes retos que tiene por delante la sociedad vasca y, frente a ella, su clase política. Si en cualquier circunstancia se debe afirmar que no hay tiempo que perder en las labores de gobierno, mucho menos aún es permisible esa pérdida de tiempo cuando el país debe sobrellevar la pesada mochila de una persistente pandemia. No son de recibo, por ello, dilaciones emanadas de los intereses partidistas, ni por quienes están llamados a formar parte del Ejecutivo ni de los que formarán parte de la oposición. Las conversaciones entre PNV y PSE-EE avanzan, y los jeltzales han puesto la fecha del 28 de agosto como límite para cerrar el pacto. En este proceso, si la voluntad de acuerdo es tan clara como públicamente han manifestado, sobran las maniobras dilatorias y la siembra de dudas mediante declaraciones públicas o filtraciones a medios afines en el intento de obtener un rédito mayor durante los contactos. Las propuestas que el PSE-EE quiera llevar a la mesa de negociación no deben buscar el respaldo de un eco mediático que no hace sino enredar. La sociedad vasca necesita un gobierno a velocidad de crucero lo más pronto posible. Un Gobierno que deberá trabajar a contracorriente por la pandemia, sí, pero que tendrá detrás la solidez que le han dado las urnas. Bajo esa máxima de que no hay tiempo que perder, la actividad del Ejecutivo no se ha detenido en estos meses en funciones y una prueba más de ello son los cincuenta proyectos que ha trasladado ya para obtener financiación del fondo europeo de ayudas directas por la crisis del covid-19. La diligencia en la conformación y puesta en marcha del Gobierno deben ser marca de país.
