ese a los esfuerzos de la oposición por convertir la designación de una u otra fecha en motivo de debate partidario, la convocatoria por el lehendakari Iñigo Urkullu para el próximo 12 de julio de las elecciones al Parlamento Vasco pospuestas el pasado 5 de abril a consecuencia de la pandemia no es sino el cumplimiento de la potestad de su cargo para establecer la fecha de los comicios. Ahora bien, en este caso concreto, el ejercicio de dicha potestad halla fundamento además al conjugarse causas de salud pública, en primer lugar, y opinión científica; los plazos en los que la ley constriñe la convocatoria, de julio a octubre; y la urgencia de hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia no desde una situación de interinidad, siempre menos estable, sino con parlamento y gobierno constituidos tras el veredicto de las urnas. Quienes han cuestionado -y cuestionarán- la fecha desde la simpleza argumentativa de la prioridad como si un gobierno no estuviera obligado a responder a varias a un tiempo o con la demagógica alusión a los riesgos del ejercicio del derecho a voto al tiempo que proclaman la defensa exhaustiva de otros derechos fundamentales, incluso en aspectos mucho menos esenciales, solo llevan a constatar que las decisiones, como la lluvia, nunca son a gusto de todos. De hecho, cabría cuestionar a quienes así actúan -EH Bildu, Podemos y el PP hasta que Feijoó optó por similar fecha en Galicia- si la oposición que han venido reiterando a la convocatoria de las elecciones en julio no responde a aquello que pretenden como motivación en el lehendakari, que es la conveniencia electoral pese a que ningún gobierno de ningún signo consideraría electoralmente conveniente someterse al designio de las urnas en plena pandemia que seguir gestionando y con una previsión, realidad más bien, de crisis socioeconómica por gestionar... salvo que dicho gobierno esté suficientemente confiado de su gestión previa y posea la convicción necesaria para afrontar la que ya se percibe como necesaria. En ese caso, es decir, desde el temor fundado a que la sociedad también lo considere así, la oposición hallaría un paraguas -meramente de conveniencia electoral, eso sí- en forma de crítica. Ese argumento, sin embargo, no lo puede razonar públicamente por cuanto estaría admitiendo lo inadmisible para quien se pretende alternativa: la idoneidad de quien ejerce el gobierno para seguir haciéndolo.