- Demasiado para unos y poco para otros. La propuesta de subida de las cotizaciones sociales de las empresas no ha tenido, como era de esperar, una buena acogida por parte de la patronal vasca, pero la música tampoco le suena bien del todo a LAB, que estima que es necesario ser más ambicioso. El sindicato mayoritario de Euskadi, ELA, prefiere por su parte esperar a conocer la letra al detalle y analizarla antes de valorar la medida aprobada ayer en consejo de ministros como parte de la solución al problema de sostenibilidad de las pensiones.

El Gobierno central subirá las cotizaciones a la Seguridad Social un 0,6% durante diez años y destinará esas seis décimas adicionales a la hucha de las pensiones, que ha pasado de tener más de 66.800 millones de euros en 2011 -el máximo histórico- a los 2.133 millones actuales en un tiempo récord. El trabajador asumiría un 0,2% de la subida y dejaría de cobrar cerca de cuatro euros al mes, tomando como referencia un sueldo medio en el Estado. Sin embargo, para la empresa, que asumiría el 0,4% restante, la nómina se encarecería en ocho euros al mes.

Los números serían en cualquier caso más altos en Euskadi debido a que su sueldo medio supera de largo el del conjunto del Estado. Y la factura crecerá en general para las grandes empresas, que son las que tienen los sueldos más elevados.

De modo que el presidente de Confebask, Eduardo Zubiarte, aseguró ayer que los empresarios tienen “dudas” al respecto. En una entrevista en Euskadi Irratia, Zubiaurre explicó que, “cuanto más se incremente el coste del puesto de trabajo, será un impedimento mayor para impulsar el trabajo y el empleo y la reactivación que todos queremos”, ya que, subir las cotizaciones, “más que un estímulo, será otra pequeña molestia”.

“La cotización social es una parte importante del coste del empleo, un tercio más o menos, y cuanto más se incremente y más impuestos se apliquen a los puestos de trabajo, la dificultad será mayor, porque pide más competitividad y no es una medida para facilitar y reactivar”, añadió.

En términos similares se expresó el secretario general de SEA Empresas Alavesas, Juan Ugarte, que calificó de “preocupante” la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, porque “no es una buena noticia plantear cualquier elemento que vaya directo a la línea de flotación de los costes laborales con la incertidumbre económica actual”.

Por su parte, la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, consideró que el planteamiento del Gobierno español es una medida “insuficiente” para garantizar unas pensiones públicas dignas, aunque “puede ir en la buena dirección”.

Aranburu pidió que se eleven las cotizaciones sociales, eliminando los topes a la cotización y gravando más a las empresas, y reclamó que si las medidas planteadas no son suficientes, se actúe a través de los presupuestos y la fiscalidad para asegurar unos ingresos adecuados al sistema de pensiones. En Madrid, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también mostró su rechazo a la iniciativa. “No es el momento más adecuado”, remarcó el representante de los empresarios en una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3. “Nosotros no tenemos derecho de veto de nada, pero tenemos el derecho a decir que no nos convence”, enfatizó Garamendi. También criticó que la propuesta por parte del Ejecutivo se haya presentado “de golpe”, con el objetivo de tener su aprobación en 10 días. “Queremos los datos y el mapa concreto”, reclamó el líder de la patronal, tras asegurar que lo van a estudiar, aunque anticipando que “lo ve complicado”. El presidente de la CEOE explicó que las cotizaciones sociales en España “son un 30% más caras” que en Europa, a lo que se suma lo que calificó como “la tormenta perfecta”, ante la subida de precios de la energía o los problemas en la cadena de suministros. “Para las pymes y los autónomos puede ser un mazazo”, aseguró Garamendi.