BILBAO - La Asociación de víctimas del amianto de euskadi, Asviamie, se concentrará el próximo miércoles, 7 de enero, ante los juzgados en Bilbao para denunciar las 30 muertes por amianto registradas en 2019 en Euskadi y reclamar al nuevo Gobierno central que promueva el fondo de compensación para los trabajadores víctimas de esta enfermedad.
Asviamie llevará a cabo esta concentración coincidiendo con el juicio que se celebrará en el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao, en el que el trabajador E.G.N., enfermo afectado por mesotelioma pleural, reclama en concepto de daños y perjuicios 320.000 euros a las empresas en las que trabajó como calorifugador, dado que "le ocultaron el riesgo que suponía la manipulación del amianto, y tampoco le dotaron de protección respiratoria".
Según explicó ayer Asviamie, E.G.N. trabajó toda su vida laboral como calorifugador, "lo cual suponía un contacto intenso con la fibra cancerígena del amianto, como empleado de Atefrisa, Kaefer y posteriormente en Itasa e Itasa Naval hoy desaparecidas". Asimismo, indicó que el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció a E.G.N. las prestaciones de incapacidad derivadas de enfermedad profesional.
contratas Asviamie precisó que las empresas en las que trabajó el demandante "actuaban como contratas de Iberdrola, Petronor, Izar, Repsol y Unilever". "Todos esos trabajos implicaban una manipulación directa de fibras de amianto, siendo realizada sin protecciones respiratorias y ni las empresas principales, ni las subcontratas le informaron de la peligrosidad del amianto", denunció Asviamie.
Por ello, la asociación se concentrará en apoyo a la demanda de daños del enfermo y para denunciar "la epidemia de enfermedades derivadas del amianto, como resultado del desprecio de las empresas a cumplir con las obligaciones preventivas, especialmente en relación a las enfermedades profesionales".
Tras recordar que durante el año 2019 han contabilizado 30 muertes en Euskadi a causa de la exposición laboral al "amianto asesino", Asviamie considera que "ha llegado la hora de que el Congreso de los Diputados y el Gobierno que se constituya estos días y las grandes empresas promuevan, con urgencia y sin más aplazamientos, la creación de un fondo de compensación, con recursos suficientes, para acabar o al menos reducir el sufrimiento generado por el tortuoso proceso judicial, al que las víctimas del amianto se ven obligadas a transitar para exigir justicia y compensación por los daños causados". - E.P.