Vitoria. El futuro de la paga extraordinaria de Navidad que tiene en vilo a cerca de 70.000 funcionarios vascos podría aclararse hoy si el Gobierno en funciones y el PNV acuerdan una ejecución de la orden, que deberá hacerse efectiva el próximo 10 de diciembre -el cobro llegaría diez días después-. A tenor de la portavoz del Ejecutivo saliente, Idoia Mendia, ahora mismo no existen impedimentos por parte de su Gobierno para abonar esta paga. "Hay voluntad", dijo, y también dinero reservado, tanto como 200 millones de euros, que es lo que se calcula costaría el abono de la última extra del año. La firmeza de sus declaraciones choca sin embargo con las que efectuó el pasado 11 de septiembre, cuando según la propia Mendia, la opción del PSE pasaba por endosar la decisión al siguiente inquilino de Ajuria Enea. "Tiene margen para elaborar o no una norma, y tomar la decisión que considere más oportuna", despachaba. Lakua ganaba tiempo, se ahorraba tener que fijar postura sobre ese espinoso asunto antes de las elecciones, y cargaba la decisión en el debe del siguiente Ejecutivo. Sin embargo, una vez celebrados los comicios y asumido que la investidura tendrá lugar el 14 de diciembre, queda claro que, por cuestión de plazos, el siguiente gabinete no podrá ser quien decida.

Así que ayer tocó modular de nuevo el discurso. Una vez más. Y aunque será finalmente el Ejecutivo socialista quien ejecute la decisión, tal y como se encargó de reiterar ayer la portavoz, de lo que no cabe duda es de que la decisión, sea cual sea, salpicará finalmente al próximo Ejecutivo. Mendia disfrazó ayer el traslado de este marrón como un ejercicio de "responsabilidad política" dada la "relevancia" de la decisión, al tiempo que trató de defender prácticamente lo indefendible cuando de lo que se trata es de desautorizar una orden impuesta desde Madrid por el Gobierno central, como es el caso de la supresión de la extra al cuerpo de funcionarios. Ambas administraciones, recordó Mendia, mantienen desde hace meses un contencioso judicial por este asunto. Desde Sabin Etxea, en cambio, entienden que el PSE trata de parapetarse en el PNV para culparlo del desenlace en el supuesto de que Lakua se viera obligada a suprimir la paga.

malestar en sabin etxea El malestar era patente ayer en el PNV, y no sólo porque el socialismo haya avanzado en rueda de prensa la fecha y las reivindicaciones que planteará en una reunión que los jeltzales pretendían gestionar desde la discreción. Las fuentes consultadas critican que el Gobierno muestre tanto celo a la hora de implicar al PNV en esa decisión y que, por el contrario, "no consulte" la puesta en marcha de "adjudicaciones e inversiones", que sí comprometerían la acción de Urkullu al condicionar los Presupuestos de 2013 y de años venideros, al contrario que una paga extra que corre a cargo de las Cuentas de 2012. "No pueden implicarnos en unas cuestiones y no en otras. Que hagan lo que quieran, como con las inversiones. Pedimos que no activaran más y no nos están haciendo ni caso. No puede ser que nos utilicen para justificar sus decisiones. Si nos hubieran consultado las inversiones, hubiéramos entendido todo esto", lanzaban ayer desde la formación. Por lo pronto, según las fuentes consultadas, Lakua habría pagado ya en la nómina del personal eventual que ha agotado su contrato la parte prorrateada de la paga de Navidad. Así evitaría la situación de injusticia que se plantearía si finalmente se decidiera abonar la paga y los trabajadores que han agotado su contrato no la hubieran recibido al no haberse tomado aún la decisión.

A pesar de los gestos del Gobierno y la voluntad de diálogo, será finalmente el Partido Socialista quien ejecute la decisión, una medida que ya tiene clara y que hoy trasladará a la formación jeltzale. Sin embargo, no aclaró ayer la portavoz cuál será la decisión definitiva ni cuándo se dará a conocer. En el resultado de su valoración, al parecer, tampoco habrá influido la decisión de la Diputación de Bizkaia (PNV), que el pasado martes decidió seguir los dictados de Rajoy, suprimiendo la paga extra. "Son ámbitos institucionales distintos, así que no tiene nada que ver", se limitó a responder Mendia.